El Gobierno Central avala el sistema de empadronamiento aplicado en Gandia
El Ayuntamiento de Gandia vuelve a ser pionero en toda España con medidas que se implantan en la ciudad ducal y que acaban aplicándose en todo el territorio nacional.
El Alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana, junto al responsable de Seguridad Ciudadana, Javier Reig, para anunciar que el Gobierno Central ha publicado en el BOE (con fecha de 24 de marzo) una resolución que da instrucciones técnicas a los Ayuntamientos de todo el Estado a la hora de empadronar a personas que lo soliciten. Y esas medidas que ahora fija el Gobierno Central ya son aplicadas en Gandia, a iniciativa del actual Ejecutivo del Partido Popular. Como ha recordado el Alcalde, “desde principio de la legislatura, y ante las irregularidades detectadas en la Oficina del Padrón Municipal de Habitantes (falsificaciones, gente empadronaba que no residía...), decidimos comprobar si la documentación presentada era correcta mediante un convenio con la Policía Nacional”. Para hacer dicha comprobación, “nos amparábamos en una instrucción del consejo de empadronamiento en la que se indicaba que los Ayuntamientos estaban facultados para verificar la autenticidad de la documentación presentada”.
Con la resolución del Gobierno Central se demuestra que, según ha destacado el Alcalde, “en Gandia estábamos haciendo las cosas bien, dentro de la legalidad”. Es decir, que la ley permitía lo que se hacía en Gandia para comprobar la veracidad de los datos facilitados por los solicitantes de empadronamiento, “sean de la nacionalidad que sean”, ha añadido el Alcalde. Algo que ahora tendrán que hacer todos los Ayuntamientos de España. La nueva Ley obliga a los Alcaldes a “ordenar los actos necesarios para comprobar la veracidad de los datos cuando haya indicios que hagan dudar de su veracidad”. Según palabras del Alcalde, “en Gandia hemos estado realizando esa comprobación cuando se ha dudado que los datos no eran correctos, y los hemos facilitado a la Policia Nacional para que realizara las comprobaciones oportunas”. Y eso se hacía en un plazo de una semana máximo. Y ahora, la nueva Ley amplía el margen de actuación para comprobar datos hasta los tres meses. Transcurrido ese plazo de tiempo, si no se objeta nada, se entiende silencio administrativo y el empadronamiento solicitado es correcto; y si se detecta o se sospecha alguna ilegalidad, se notifica y la autoridad competente actúa para eliminar el empadronamiento.
Con esta medida del Gobierno Central, que avala el sistema de empadronamiento aplicado en Gandia, se aclaran las dudas planteadas por los grupos en la oposición, especialmente por parte del PSOE, que lanzaban duras críticas a las medidas que aplicaba el Ejecutivo gandiense; unas medidas que ahora han de aplicar todos los Ayuntamientos de España. “El anterior gobierno socialista era permisivo; sólo quería llenar la ciudad de gente para ganar votos”, ha señalado el Alcalde.
