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Gandia, contra la Ley de Demarcación y Planta Judicial que pone en peligro los juzgados

  • El Pleno Municipal de Gandia, a instancia de una moción presentada ayer por el PSPV, se opone por unanimidad a la nueva medida del Ministerio de Gallardón que ataca al carácter público del servicio judicial

  • La propuesta presentada por a la nueva Ley pone en peligro el servicio público de la Justicia en los ámbitos rurales y urbanos de ciudades que no son capitales de provincia

  • Mascarell critica “el enésimo maltrato a la Justicia” por parte de Gallardón y exige que se garanticen las sedes judiciales de Gandia

"El avance de la legislatura de la mayoría absoluta del PP en España confirma, cada día que pasa, los ataques que la derecha está haciendo a los servicios públicos. Uno de los que también ha sido castigado por el PP es el de la Justicia, que de la mano de Gallardón está convirtiéndose en un lujo que no está al alcance de todo el mundo. El último ataque es la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que entre otros, pone en peligro los juzgados de ciudades como Gandia", según el PSOE.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, presentó ayer una moción en el pleno ordinario para instar al gobierno central a abandonar este proyecto de ley y no hacerlo efectivo por considerar que “ataca y pone en peligro el servicio público de la Justicia e incumple el artículo 152.1 de la Constitución Española” por no pedir informe sobre la propuesta a las distintas comunidades autónomas, ha explicado Mascarell. La moción fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas con representación en el consistorio de Gandia.

Y es que, según ha explicado el socialista, la propuesta del PP de Rajoy y Gallardón “supone un severo riesgo para la pervivencia del servicio público de la Justicia en los ámbitos rurales y urbanos de las ciudades que no son capital de provincia”, como por ejemplo Gandia, y que perderían sus sedes judiciales “en favor de una centralización en las capitales que no beneficia ni al sector, que verá dificultada su gestión, ni a los usuarios, que tendrán que desplazarse muchos kilómetros para defender sus derechos”.

Mascarell ha añadido que, de sacarse adelante la Ley, “supondría la desaparición de las partidas judiciales rurales amenazadas de supresión o de una pérdida de funciones tal que las convertiría en poco más que sedes administrativas”. Mascarell ha concluido asegurando que “centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial”.

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