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El PP afirma que "la expropiación del edificio para la nueva Central de la Policía Local se ha realizado cumpliendo la legalidad"

El PP afirma que "la expropiación del edificio para la nueva Central de la Policía Local se ha realizado cumpliendo la legalidad"
  • El concejal de Urbanismo, Toni Abad, recuerda que el aplazamiento del pago está aprobado por la Junta de Gobierno y sus acuerdos son públicos

  • Abad lamenta que Mascarell no se entere: no se han abonado 1,5 millones sino 2,5 millones y el edificio estará libre de cargas cuando se expropie por completo

“El expediente de expropiación forzosa del edificio para albergar la Central de la Policía Local se ha realizado cumpliendo la mas estricta legalidad en este tipo de procedimientos”. Así de tajante lo ha dejado claro el concejal de Urbanismo, Toni Abad, quien acompañado por la directora general de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Proyectos, Clara Carbonell, han lamentado que ni el PSOE ni el concejal Mascarell se enteren de lo que sucede en Gandia dado que no se ha ocultado información a nadie “pues como bien saben los concejales, los acuerdos de la Junta de Gobierno son públicos así como sus actas, sólo leyéndolas sabrían que el 25 de enero se acordó solicitar una ampliación del plazo para el pago definitivo del justiprecio correspondiente a la expropiación forzosa del equipamiento comunitario de la Central de la Policía Local por un tiempo de seis meses. Es decir, que no han descubierto nada”.

A este respecto Abad ha explicado que “no es cierto que el Ayuntamiento de Gandia haya abonado sólo 1,5 millones de euros, sino que hasta la fecha ya se han abonado al expropiado 2,5 millones de euros, lo que demuestra que ni Mascarell ni el PSOE se enteran de lo que ocurre en la ciudad porque tienen otras preocupaciones”.

Así las cosas, ha recordado el edil de Urbanismo, queda por pagar 1,4 millones que coincide, prácticamente con el importe cofinanciado por el Plan Especial de Inversión Productiva según el convenio firmado con la Conselleria de Hacienda y que asciende a 1.315.000 euros, por lo que según han explicado desde el Gobierno “el aplazamiento se debe única y exclusivamente al retraso en el abono del resto de justiprecio que debe realizar la conselleria de Hacienda en favor del ayuntamiento”.

Respecto a la hipoteca, el inmueble dispone de una carga real correspondiente a una hipoteca en favor del BBVA y esta situación no genera ningún tipo de desprotección por cuanto obviamente la cantidad pendiente para amortizar la hipoteca es muy inferior al resto de justiprecio que queda por abonar.

En el momento del pago definitivo del justiprecio se cancelará la hipoteca, otorgándose carta de pago al BBVA y el resto al expropiado, adquiriéndose la parcela por el ayuntamiento libre de cargas y gravámenes. De hecho, según ha relatado Toni Abad “la hipoteca de ninguna manera debe considerarse un vicio oculto sino que el ayuntamiento, cuando inicia la adquisición de cualquier bien lo primero que realiza es la depuración física, jurídica y registral de la finca objeto de expropiación. Justamente para eso se solicitó la nota simple del registro de la propiedad”.

Por último, a las preguntas lanzadas al aire por Mascarell y el PSOE, el propio concejal de Urbanismo de Gandia le ha contestado de la misma manera, recordándole a los discípulos de Orengo que se ha seguido el mismo sistema de publicidad y concurrencia que en la compra de los edificios de la Avenida de Alacant, la Cuadra de Beniopa, la calle Ciscar, o para el arrendamiento y posterior compra del Salón Natalia de la calle Barcelona, el intento de compra de las viviendas de Athenea Playa, o de la adjudicación de megaproyectos a los carísimos arquitectos de proyectos millonarios, por lo que no se deberían extrañar.

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