30 de noviembre de 2020 30/11/20

Flores: “Con este decreto el Gobierno pone en peligro más de 2.000 empleos y más 1.400 millones de euros de inversión en la Comunitat”

Flores: “Con este decreto el Gobierno pone en peligro más de 2.000 empleos y más 1.400 millones de euros de inversión en la Comunitat” - (foto 1)
  • Tras la reunión con el sector de las energías renovables para valorar el impacto del Real Decreto aprobado por el Ministerio de Industria

  • Flores afirma que el nuevo decreto perjudica enormemente el desarrollo de las energías renovables

  • El conseller critica que se haya aprobado, con nocturnidad y alevosía, sin contar con el sector ni las comunidades autónomas

El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha acusado hoy al gobierno de poner en peligro al menos 2.000 empleos e inversiones por valor de 1.400 millones de euros como consecuencia del nuevo real decreto aprobado, que regula el sector de las energías renovables, que a juicio del conseller “limita y perjudica enormemente el desarrollo de las energías renovables”.

Flores ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con los representantes de la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la energía (Avaesen) y de las empresas adjudicatarias del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana ( Renomar, Acciona, Enerfin, Eólica de Levante, Eyra y Proyectos Eólicos Valencianos).

Flores ha tildado de “incongruente” la actitud del Gobierno ya que “el mismo día que el Ministro de Industria, en la inauguración de la feria de energía eólica Windpower de Chicago hablaba de la apuesta por las energías renovables y recibía elogios del sector eólico estadounidense, el Ministerio publicaba una nueva normativa que perjudica claramente al sector de las energías renovables, incluido el sector eólico”.

“Un real decreto que cambia las reglas del juego y que ha sido aprobado de forma precipitada, no ha sido sometido al informe del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía, y se ha aprobado sin consultar con el sector ni las comunidades autónomas, con nocturnidad y alevosía” ha afirmado.

El nuevo real decreto establece la creación de un Registro de preasignación, que es el que dará derecho a recibir la retribución fijada hasta el momento. Para poder inscribirse en dicho Registro, es necesario cumplir una serie de prerrequisitos, muy numerosos y exigentes, que incluye aspectos tantos administrativos (contar con autorización administrativa, licencia de obras, entre ellos), o técnicos, como económicos (financiación consolidada, aval) y empresariales ( la compra de equipos y sistemas debe estar cerrada).Además, se dispone únicamente de 30 días para presentar toda la documentación.

Esto, según ha explicado el titular de Infraestructuras “hace peligrar un gran número de proyectos en la Comunitat que están en pleno proceso de tramitación y genera en el sector una situación lamentable de incertidumbre para todos aquellos proyectos que no consigan la inscripción en el recién creado registro de preasignación”.

Para todos aquellos proyectos que no acrediten el cumplimiento de los requisitos fijados, se desconoce en qué situación van a quedar, si recibirán retribución económica y cuál será esa retribución económica. Se prevé el establecimiento de cupos, como en el caso de la energía solar fotovoltaica, per tampoco se determinan las condiciones ni la potencia máxima a instalar.

Así, aquellos promotores que no dispongan de alguno de los documentos solicitados quedaran en el “limbo” jurídico por desconocer cuáles serán las condiciones económicas a las que se enfrentará su proyecto. Además, el nuevo real decreto elimina el periodo de transición anteriormente establecido en un año (periodo durante el cual se respetarían las condiciones económicas anteriores), con lo que las empresas de sector quedan en una clara situación de indefensión.

En el caso del Plan Eólico, la repercusiones no sólo se limitan al ámbito energético y de aportación de las energéticas renovables al objetivo marcado por la Generalitat, sino que se presume una pérdida de más de 2.000 empleos y 1.400 millones de inversión, ya que peligra la instalación de en torno a 32 parques eólicos (1.100 megawatios).

Para el conseller, con esta normativa el Gobierno se está apropiando de la capacidad de planificación de las Comunidades autónomas, imposibilitando poder tener objetivos en el ámbito de las energías renovables, como es el caso de la Comunitat, donde el objetivo de la Generalitat era lograr que el 42% de la potencia eléctrica provenga de energías renovables.

“Este nuevo decreto va a dificultar muchísimo el poder lograr este objetivo porque nos impide realizar ninguna planificación estratégica para alcanzarlo”.

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