Fevec se suma a las críticas del sector "ante la ineficacia" de los decretos que prevén la revisión de precios en la obra pública
Hace escasos días Fevec ya organizaba una jornada para dar a conocer las ‘excesivas particularidades’ del Real Decreto de Ley 3/2022.
La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Fevec, al igual que ha hecho la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se suma a las críticas del sector ante la ineficacia y ‘maraña administrativa’ que plantean los decretos que hasta la fecha ha propuesto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que prevén la revisión extraordinaria de precios en la contratación pública en compensación por el incremento del coste de materias primas y que desde su aprobación el pasado 1 de marzo no ha dejado de suscitar dudas y consultas en el sector de la obra pública.
Francisco Zamora, presidente de Fevec, al igual que otros representantes de colectivos del sector incide ahora y se suma al informe publicado por CNC que: ‘alerta del grave problema de aumento de precios materias primas y que ha dejado constancia de la ineficacia de los actuales reales decretos, ya que no dan solución a los problemas de las pequeñas y medianas de empresas de un sector que de cara a septiembre se enfrenta a una situación límite, puesto que estarán abocadas al cierre o a presentar concurso de acreedores’.
Desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, su presidente, Francisco Zamora, considera: ‘ridículo y una ofensa para las empresas de nuestro sector que se tarden meses en articular una respuesta válida para un colectivo como el nuestro y que las medidas previstas dejen fuera a más del 95% de las obras públicas, según se extrae del propio informe de CNC’.
FEVEC hace propio, por tanto, el informe de CNC y advierte del posible abandono de obras y cierre de empresas, así como la destrucción de empleo y de las empresas auxiliares del sector de la construcción, al tiempo que insta a las administraciones a que contemplen la posibilidad de abrir vías de diálogo con los colectivos implicados para asegurar las garantías de las empresas licitadoras y ganar en eficiencia y agilidad administrativa.
