Ferrer San-Segundo: 'El PPCV rechaza la imposición, persecución y creación de una policía lingüística'
El TSJV admite a trámite el recurso presentado por el GPP contra la oficina Lingüística del Consell
El CJC y la Subsecretaría de Presidencia coinciden con las denuncias del GPP sobre la ilegalidad del decreto
'El Consell busca la fractura social e imposibilitar la pacífica convivencia de la sociedad valenciana', afirma Jorge Bellver
La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Mª José Ferrer San-Segundo, ha señalado hoy que "el PPCV apuesta por fomentar el valenciano pero rechaza la imposición, persecución y creación de una policía lingüística del Botànic".
Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa con el presidente del Grupo Popular, Jorge Bellver, donde han anunciado que el TSJCV ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por el GPP contra el decreto de creación de esta oficina de derechos lingüísticos.
Jorge Bellver ha señalado que "en el barómetro del Consell se señala que solo el 1,6% de los valencianos se consideran solo valencianos, y ha indicado que esto "es algo que irrita al tripartito y va en contra del proyecto de Compromís de convertir algo minoritario en red de masas. Lo están haciendo con la educación, con la ley de función pública, con la nueva RTVV, con el Consell audiovisual y ahora con este decreto de creación de una oficina lingüística".
Bellver ha recordado que "los derechos lingüísticos de los ciudadanos están protegidos por la Constitución Española, por el Estatut, por la administración de justicia y la Sindicatura de Greuges. De hecho, de las 14.143 quejas en 2016 recibidas por el Síndic de Greuges solo 82 tenían que ver con derechos lingüísticos y todas se resolvieron satisfactoriamente".
Jorge Bellver ha indicado que "frente a esto tenemos a un tripartito encabezado en esta materia por Compromís y con el silencio cómplice y complaciente de Puig. El Consell busca la fractura social e imposibilitar la pacífica convivencia de la sociedad valenciana. Lo está haciendo en todas sus iniciativas y también con este decreto".
Bellver ha indicado que "el recurso que presentamos contra la imposición de la oficina lingüística ha sido admitido a trámite por el TSJCV. Otros se dedican a hablar pero el único partido que lo ha recurrido al TSJ ha sido el PPCV. Hay motivos claros: por un lado invade competencias administrativas de la administración estatal y local y por otro lado carece de cobertura legal para actuar en el ámbito privado de las personas físicas y jurídicas. Es el GPP el que defiende los intereses de nuestra tierra".
Por su parte, la portavoz de justicia del GPP, María José Ferrer San-Segundo, ha explicado que "presentamos alegaciones constructivas para intentar que se tomaran en consideración y no nos hicieron caso. Cuando acabó el trámite parlamentario y dijeron que nuestras alegaciones eran un juicio de valor y no cabía su admisión, acudimos a los tribunales. Si no lo hubiéramos hecho esta norma hoy sería firme. Ahora el TSJCV la analizará y determinará si hay ilegalidad en alguna de sus partes".
Falta de competencias y vulneración privacidad
Ferrer San-Segundo ha citado dos informes que advierten de posibles ilegalidades en el decreto de creación de la Oficina Lingüística. Uno del Consell Jurídic Consultiu y otro del subsecretario de Presidencia remitido a su homólogo de Educación en marzo de 2017, que coincide con todo lo que ha alegado el GPP sobre la falta de fundamento legal para las competencias y la vulneración del principio de legalidad en el ámbito de las relaciones privadas. Se considera que estos preceptos son una imposición a los ciudadanos".
La representante popular ha manifestado que con este decreto "se habilita un procedimiento por el que se pueden presentar reclamaciones. Puede haber buenos y malos valencianos inscritos en un registro. Creará un registro donde quedarán inscritos ciudadanos por vulnerar derechos. El CJC y el Subsecretario de Presidencia también coincidían con las alegaciones del GPP y defendían como una observación de carácter esencial la necesidad de suprimir las referencias a personas privadas".
María José Ferrer San-Segundo ha indicado que "se debe fomentar la convivencia. No tiene sentido crear esta oficina lingüística que incorpora como novedad la delación y la denuncia entre ciudadanos. Si el conflicto es entre un valencianohablante y un castellanohablante en una relación privada ¿cómo se pueden defender los derechos de los dos a la vez? ¿va a imponer el valenciano en la relación privada entre dos personas?".
"El PPCV va a defender y promover el bilingüismo activo, que cada vez haya más personas que hablen castellano y valenciano, pero hay muchos valencianos que no quieren la imposición, ni la fractura ni el conflicto que se ha producido en lugares como Cataluña o Baleares. A estos ciudadanos el PPCV no los va a dejar solos. Pedimos a Puig que escuche a todos, a quienes razonablemente damos razones y que luego coinciden con los fundamentos jurídicos del CJC", ha afirmado.
Policía lingüística del Botànic
Para Ferrer San-Segundo, "Puig quiere crear vigilantes, comisarios lingüísticos, una especie de policía de hablar correctamente Botànic. No necesitamos esos comisarios". La portavoz popular ha señalado que "hay que buscar consenso no con el PPCV, sino con la sociedad. Vamos a defender la libertad de despachos, oficinas, trabajos y casas. Fomento sí pero no imposiciones y policía lingüística. Convivencia, respeto y libertad pero mientras sigan imponiendo normas ilegales no nos van a callar".
Además ha señalado que "no es la primera vez que el Consell no hace caso a lo que dice el CJC o informes propios, pese a ser objeciones esenciales". Por último, ha asegurado que el PPCV ha dado las razones concretas "por las que pensamos que el decreto es ilegal y el TSJCV lo ha admitido a trámite. No nos parece mal que haya un organismo para fomentar el valenciano, pero sí que sea imponiendo e internándose en ámbitos donde no tienen competencias".
