Ferrer San-Segundo: “Bravo no puede seguir un minuto más por su impericia, obcecación y mentir a la opinión pública sobre la adjudicación a Tragsa de las obras del TSJ”

La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha señalado hoy que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, "no puede seguir un minuto más por la impericia, la obcecación, no escuchar, mentir a la opinión pública y ocultar datos" sobre la adjudicación de las obras del TSJ a la empresa Tragsa. Así, ha afirmado que desde el PPCV "pedimos su dimisión inmediata".

La diputada popular ha señalado que el Gobierno valenciano "no es el Consell del Botànic, es el Consell del varapalo jurídico. Una tras otra llegan las resoluciones judiciales que dicen que este Consell gestiona de forma continuada de forma contraria a la legalidad. "¿Qué estarían exigiendo si el gobierno fuera del PP?", ha preguntado.

Ferrer San-Segundo ha criticado la respuesta de la consellera tras conocerse ayer que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado las obras del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. "Bravo tiene conocimientos jurídicos, pero ha hecho una lectura que no se corresponde con la realidad. La resolución dice que no se ha justificado que haya una causa para contratar de esta forma directa con Tragsa, y debía haberse hecho, ya que de otra forma se infringe la clara competencia. Lo que se ha hecho es sacar a licitación solo el proyecto por 645.000 euros y aprovechando que se declara desierto se adjudica por la vía de la encomienda a Tragsa de 25 millones de euros, sin pasar por la casilla de salida, así que se adjudica el proyecto y también la obra", ha explicado.

La diputada ha señalado que incluso si la encomienda se quisiera justificar por razón de emergencia, "también hay un proceso para licitaciones públicas por la vía de emergencia". Además, Ferrer San-Segundo ha señalado que la resolución "dice que lo sí debería haberse hecho es resolver cuestiones de emergencia de mantenimiento" y ha desvelado que se ha caído un falso techo de una sala de lo Civil y Penal, "que ha obligado a cerrar un pasillo, y eso no se ha contado. En cuatro años la Conselleria debía haber mantenido el estado de las instalaciones y no se ha hecho", ha criticado.

"La tercera cuestión de la resolución dice que no solo no se justifica porque han adjudicado la obra así, sino que además no se corresponde con el objeto social de Tragsa", ha indicado. La portavoz de Justicia del GPP ha explicado que la Conselleria de Justicia "ha estado sistemáticamente adjudicando a Tragsa obras durante 2018 y 2019, con lo que serían cerca de 30 millones de euros. Y si el tribunal dice que la adjudicación a Tragsa de las obras del TSJ es ilegal y no puede hacerse, tampoco podrían hacerse las otras".

Ferrer San-Segundo ha recordado que ya advirtió de que "esta situación podía pasar". "El problema es que ha sido también un clamor en el sector, se presentó el recurso y la Cámara de Contratistas pidió una reunión con el President Puig, la consellera Bravo y el conseller Soler y no les recibieron. El Botànic vive de espaldas al derecho pero también de espaldas a la sociedad".

"Bravo ha cometido una grave irregularidad en la gestión, no puede mantenerse en el cargo. No ha escuchado advertencias serias, fundamentadas y razonadas. La resolución está muy fundamentada y anula íntegramente la encomienda de gestión. Bravo además está mintiendo cuando dice que aquí no pasa nada y se va a resolver pronto", ha concluido.