VOX exige que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y se retire la bandera LGTBI de las Cortes Valencianas
Supone una privatización del espacio público de uso común y una acción excluyente y electoralista que vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional
El Grupo Parlamentario VOX CV ha presentado un escrito, firmado por José María Llanos, Presidente y Portavoz Adjunto, en el que solicita que se retire de manera inmediata la bandera LGTBI de la puerta principal de las Cortes Valencianas para que se cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Supremo que no permite, bajo ningún concepto, la colocación de banderas no oficiales en edificios públicos.
La doctrina del Tribunal Supremo es clara: “no resulta compatible con el marco constitucional y legal y con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan a la de España y las demás legal y estatutariamente instituidas".
Hay que destacar que es la tercera vez que el Grupo Parlamentario VOX presenta un escrito solicitando la retirada de banderas no oficiales. En este caso una bandera ideológica que solo sirve para los fines de la izquierda.
VOX ha presentado también en todos los ayuntamientos donde tiene representación una moción para que los consistorios sólo luzcan, junto a la bandera de España, las enseñas legales. La exhibición de banderas no oficiales, como la del lobby LGTBI, “supone una privatización del espacio público de uso común” y una “acción excluyente y electoralista que vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional”, tal y como se ha determinado en sentencias al respecto, como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo 579/2018.
La enseña nacional representa a la comunidad nacional y la igualdad entre todos los españoles “sin distinción por sexo, raza, religión, opinión política u orientación sexual”. Contra estos valores “tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes, a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora”.
“Además, la bandera LGTBI carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial, no es representativa de la mayoría de los ciudadanos que no pertenece a ese colectivo o no se alinean con dicha opción. Ni siquiera representa a las personas homosexuales, muchas de los cuales rechazan ser colectivizados y utilizados como arma política y reivindican que los poderes públicos aborden sus verdaderos problemas, que normalmente comparten con el resto de sus compatriotas sin importar su orientación sexual”.
