Europa reconoce la gestión política del Consell en la acogida de personas refugiadas del Aquarius
La directora general de Inclusión Social, Inma Carda, ha explicado en Atenas las políticas del Consell en materia de acogida de personas refugiadas, invitada por "la visión abierta y basada en la defensa de los derechos humanos que realiza desde junio de 2015, refrendada con decisiones importantes y cuyo máximo exponente ha sido la gestión de la operación humanitaria de acogida de 629 personas del barco Aquarius".
Así, Inma Carda, participa en Atenas en la conferencia conjunta de los programas europeos ESPON-Interact que durante dos días analiza la evolución de los flujos migratorios de personas refugiadas, las políticas de integración y las mejores prácticas en la Unión Europea, y donde ha expuesto las principales consecuencias del cambio político en la Comuniat Valenciana a nivel social y las líneas de actuación del Consell en materia de personas refugiadas.
En este sentido ha argumentado que tras "20 años de políticas conservadoras y frente al despilfarro del gobierno conservador", el actual Consell "recoge las demandas sociales para convertirlas en la realidad mediante el Pacte del Botànic", un acuerdo que significó desarrollar acciones para "garantizar los derechos básicos de las personas", y restablecer derechos "extinguidos con el anterior gobierno, como el acceso a la sanidad universal".
Carda se ha referido a la crisis humanitaria de 2015 de las personas que huían de las acciones bélicas y la vulneración de derechos humanos en Siria y otras regiones orientales, posterior a otras crisis como la de Afganistán, Irán, Somalia, Serbia.
En todas ellas, ha asegurado, había un elemento en común, "la vulneración de derechos humanos de la población civil por parte de organizaciones militares" y también la sensibilidad por parte de los gobernantes quedaba en "una mera declaración institucional".
Sin embargo, ha recordado que en, septiembre de 2015, "el Govern valencià del Botànic aprobó una declaración que reflejaba el firme compromiso del Ejecutivo autonómico en la creación de una red de acogida y posterior petición al Gobierno de España para que se creara un corredor humanitario y poder fletar un barco de 1.100 personas refugiadas desde la región griega de Lesbos".
Al respecto, ha evidenciado el empeño de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la declaración institucional porque era "una obligación legal, política, moral y humana de ayuda a las personas refugiadas".
También ha aducido que, "ante la falta de apoyo del Gobierno de España, presidido entonces por Mariano Rajoy, respecto de la propuesta humanitaria del Gobierno valenciano, en febrero de 2016 la propia vicepresidenta visitó las islas de Mitilana y Leros en Grecia donde se albergaban campos de personas refugiadas para conocer la realidad de miles de refugiados".
Según ha defendido Carda, al margen de los gobiernos y de la vergonzosa discusión producida en la Unión Europea sobre cuántas personas se tienen que acoger en los países, se ha comprobado un "sentimiento de solidaridad de la ciudadanía europea" que, a su juicio, debe ser "el motor que haga que los gobiernos abran fronteras y así acojan a las personas que huyen de la muerte, de las bombas y del horror".
Respecto a las acciones concretas realizadas en la Comunitat Valenciana en 2016 y 2017 para mejorar la situación de las personas migrantes y refugiadas, la directora general se ha referido al fortalecimiento del acceso a derechos básicos como la sanidad, educación, servicios sociales y también acciones para acceder a itinerarios de inserción sociolaboral, tanto para personas inmigrantes en situación regular como irregular.
Otro cambio legal, ha precisado Carda, ha sido el acceso de las personas migrantes y refugiadas a una prestación económica como derecho subjetivo unida a una intervención social y laboral de los servicios sociales.
También ha apostillado que "el cambio de gobierno del conservador Mariano Rajoy al socialista Pedro Sánchez supuesto un cambio de dinámica y una apertura a las políticas sociales".
Esperanza Mediterránea
De este modo, ha indicado, en junio de este año el puerto de València tuvo la oportunidad de acoger a 629 personas refugiadas que habían sido rescatadas en el mar Mediterráneo por el barco Aquarius de la Organización No Gubernamental Open Arms y que se encontraba sin autorización de amarre en los puertos más cercanos de Italia y Malta.
Al respecto, la directora de Inclusión Social ha querido poner en valor el trabajo desarrollado por las administraciones y la sociedad valenciana en la operación 'Esperanza Mediterránea', como buena práctica política en materia de acogida de personas refugiadas, que consiguió devolver a la sociedad valenciana, "su dignidad como pueblo acogedor, solidario y humanitario".
Un trabajo, ha asegurado, realizado desde "el compromiso político y la ética humana", pero sobre todo "desde la obligación legal con las personas que huyen de la barbarie, de la guerra, de la crisis medioambiental" y que ha demostrado que hay "otras formas de trabajar los flujos migratorios".
También ha destacado que en tan solo 6 días se organizó todo el dispositivo de primera acogida en coordinación con diferentes administraciones públicas, autoridad portuaria y entidades sociales, a lo que se unió el soporte de la mayoría de la sociedad civil que "se volcó en prestar sus conocimientos, servicios y enseres".
En esta línea, ha subrayado que el acogimiento de las personas de la flotilla se realizó desde "el máximo respeto hacia las personas que viajaban en la embarcación y se solicitó desde el primer momento que se garantizaran los derechos humanos de cada una de las 629 personas".
Para ello, ha testimoniado Inma Crada, se facilitó una persona intérprete para cada persona que la acompañó en los primeros días de llegada a València, otra persona experta en derecho de asilo para aconsejar en el trámite ante los agentes de la policía y se prestó especial atención a las personas menores no acompañadas y a las mujeres víctimas de trata y violencia de género.
Finalmente, ha reiterado al Gobierno de España la necesidad de realizar políticas "valientes" en materia de migración donde "se fortalezcan presupuestos sociales, se cree un verdadero corredor humanitario que proteja a las personas refugiadas de las mafias de trata de personas y se cumplan los acuerdos de reubicación y reasentamiento de las personas acogidas en campos de refugio".
