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EUPV se opone a la fusión de ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes

EUPV se opone a la fusión de ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes
  • También reclama una ley de comarcalización y la supresión de las diputaciones provinciales

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EUPV rechaza a la intención del Gobierno de Rajoy de fusionar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. "Esta iniciativa es un atentado contra la democracia y contra el municipalismo, y no busca racionalizar la gestión ni ahorrar costes, sino acabar con la autonomía de muchos municipios pequeños", explica la secretaria de Política Municipal de EUPV, Estefanía Candel.

Arremete duramente contra el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno de Rajoy remitió a la Unión Europea, el cual incluye la previsión de ahorrar unos 10.500 millones de euros mediante la reducción de buena parte de los 8.116 ayuntamientos de España. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas maneja la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos. "En el País Valenciano estaríamos hablando de agrupar unos 383 de los 542 municipios", apunta Candel.

Para Izquierda Unida, esta medida "transformará una administración cercana y accesible, en una lejana y despersonalizada. Además, se atenta contra el principio de subsidiariedad, principio reconocido por la Unión Europea, que implica que los servicios sean prestados por las administraciones más próximas a los ciudadanos".

Candel añade que la eliminación de los ayuntamientos "no conseguirá abaratar la gestión sino entorpecer los servicios de los municipios. Se trata de una cortina de humo para tapar los incumplimientos del PP a la hora de dotar de financiación suficiente a la administración local. Además, se hace responsable a las entidades locales del déficit público, cuando éstas son precisamente las instituciones peor financiadas y que en los últimos años ha ido asumiendo todas las competencias que han desatendido desde las diferentes Consejerías".

Izquierda Unida reclama también en su propuesta, una ley de comarcalización "que descentralice realmente la toma de decisiones y la administración de recursos y desarrolle lo expresado en el artículo 65 del Estatuto de Autonomía, así como que se supriman de las diputaciones provinciales", remarca Candel.

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