El Ayuntamiento se suma a un convenio cuyo fin es detectar y actuar contra situaciones de vulnerabilidad tras un desahucio
El alcalde de Elche, Carlos González, ha firmado esta mañana la adhesión del Ayuntamiento ilicitano al convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la “Detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamiento de vivienda y medidas de carácter social”.
En la firma han estado presentes la Magistrada Juez decana, María José Boix y el decano del Colegio de Procuradores, Ginés Juan Vicedo.
Este convenio establece un protocolo de actuación para detectar situaciones de especial vulnerabilidad tras un proceso de desahucio de la residencia familiar habitual por falta de pago de hipoteca o de renta de alquiler. La autoridad judicial detecta esa situación (por ejemplo: personas muy mayores sin medios, dependientes, que no se valen por sí mismos…) e inmediatamente lo comunica a los servicios sociales de la Generalitat / del Ayuntamiento, que comprueban la situación y, en su caso, inician el trámite para que las personas afectadas entren en el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias que gestiona el EIGE, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda instrumentar las medidas de auxilio/emergencia social que corresponde.
Carlos González ha dicho que “gracias a la colaboración entre todas las partes firmantes del Convenio: el Poder Judicial representado en este acto por la Magistrada Juez Decana de Elche, el Decano del Colegio de Procuradores y el representante del Colegio de Abogados de Elche, la Generalitat Valenciana a través de su Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Elche a través de su Concejalía de Servicios Sociales pretendemos que no haya ningún caso de personas mayores, dependientes o desvalidas que queden abandonadas a su suerte, sin medios para afrontar la nueva situación, tras un proceso de desahucio de su residencia familiar habitual”.
El alcalde ha añadido que “este convenio pone en primer lugar a las personas. Gracias a él las instancias judiciales y las administraciones, local y autonómica, nos coordinamos para detectar de manera rápida, inmediata, una situación delicada y difícil tras un desahucio de la residencia familiar habitual, y ponemos las medidas de carácter social necesarias (a través de los recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento y del programa de realojo de afectados por ejecución hipotecaria que instrumenta la Generalitat a través de la Entidad de Infraestructuras, el EIGE) para que estas personas afectadas puedan afrontar la nueva situación sin entrar en los supuestos de exclusión social”.
Por su parte, la edil de Bienestar Social, Teresa Maciá, ha dicho que “con este protocolo vamos a dar prioridad a una de las necesidades que se planteaban cuando accedimos al gobierno y era que no había políticas en materia de vivienda ni voluntad política para actuar contra los desahucios.
