Elche aprueba definitivamente la suspensión de la tasa de mesas y sillas y mercadillos en 2021 con el fin de paliar los efectos económicos de la pandemia

El Pleno Municipal de Elche ha aprobado hoy de forma definitiva los expedientes de modificación de cinco ordenanzas relativas a tasas para todo el ejercicio 2021 tras su periodo de exposición pública.

Entre ellas destaca la relativa a la tasa de mesas y sillas, que se suspende todo el año como medida de apoyo del Equipo de Gobierno, y de toda la Corporación, a la hostelería ante la complicada situación que está atravesando como consecuencia de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para frenar la incidencia del virus. Se trata de una medida que ya se ha aprobó para 2020 y que ahora se prorroga hasta final de 2021.

Además, también se suspende la tasa de venta ambulante de mercadillos con el fin de apoyar a este sector, también afectado por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia.

Por otra parte, el Pleno ha acordado rebajar los precios de servicios como el de certificado de defunciones de cementerios.

Tal y como ha explicado la concejala de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Macià, se trata de la aprobación definitiva de un total de cinco ordenanzas fiscales que se suspenden, en unos casos, y se rebajan, en otros, y que se suman a la congelación de impuestos pata 2021 con el objetivo de no aumentar la presión fiscal sobre la ciudadanía.

La aprobación definitiva se realiza tras desestimar una alegación del grupo municipal del PP, ya que, a juicio del jefe de servicio de Gestión Tributaria, la alegación no contiene argumentos referidos a las tasas modificadas.

De esta manera el Pleno aprueba:

-Las dos modificaciones de la tasa de mercadillos y de mesas y sillas, que se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2021 por segundo año consecutivo como medida de apoyo al sector de la hostelería y de la industria ambulante.

-La modificación de la tasa por la prestación de servicios de los cementerios municipales, que incluye una considerable rebaja de la tarifa del certificado de defunciones.

-La modificación de la tasa de expedición de documentos administrativos a instancia de parte, que concede la gratuidad de la petición de documentos sobre obligaciones fiscales y consultas sobre tributos, además de los certificados de empadronamiento tanto individual como colectivo a raíz de la incorporación de la administración electrónica.

-La modificación de la tasa de realización de actividades provocadas por la petición de interesados con motivo de ceremonias, que incluye una tarifa de 25 euros para aquellas personas que deseen retransmitir por redes sociales la celebración.

Un paso más hacia el nuevo centro social en San Antón-Travalón

En el área de Urbanismo, el Pleno ha aprobado hoy por unanimidad la modificación puntual del Plan General para el cambio de uso de dos parcelas del barrio de San Antón con el objetivo de construir un centro social que dé servicio a este barrio, así como a la zona de Travalón.

Un centro que, tal y como la explicado la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, se hará realidad gracias a la estrategia EDUSI.

La parcela donde se construirá el nuevo centro social (entre las calles Francisco Pérez Campillo, Músico Pepico Vaello y Marchena) está ahora calificada como zona verde y se propone su cambio de uso a equipamiento asistencial. A su vez, se califica como zona verde la parcela situada junto al antiguo colegio Carlos III. Con esta modificación se mantiene la misma superficie dotacional y sólo se intercambian los usos entre dos parcelas.

El nuevo centro social contará con una inversión de 1,5 millones de euros y supondrá una mejora asistencial de un barrio vulnerable como San Antón y dará servicio también a una zona de expansión como Travalón.

Aprobación Cuenta General 2019

El Pleno ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSOE y Compromis, la abstención del concejal no adscrito y los votos en contra del PP, Cs y Vox, la Cuenta General de 2019 tras haber estado en exposición pública.

Además, la concejala de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Macià, ha dado cuenta del informe anual sobre el control interno de 2019. Este informe incluye un resumen anual de los principales resultados obtenidos en las actuaciones inherentes a la función interventora y el control financiero para el ejercicio 2019 de esta entidad y de sus entes dependientes. Se ha elaborado una auditoría de cuentas sobre Visitelche y Espais Verds y una auditoría operativa y de cumplimiento sobre Pimesa, Aigües d’Elx y Espais Verds, todo con la voluntad de hacer un ejercicio de máxima transparencia de las actuaciones de control financiero de ayuntamiento, organismo autónomo y empresas municipales y mixta, tal y como ha explicado la concejala.

Según Maciá, el informe pone de manifiesto una serie de medidas correctoras debido a unas incidencias administrativas en 14 contratos menores de 160 tramitados, algunas de ellas ya corregidas por los departamentos de Cultura y Bienestar Social, por ejemplo,  con la remisión de las alegaciones al mismo;  “que en cualquier caso, todos los contratos menores revisados reúnen los requisitos legales establecidos en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público con la firma del vicesecretario municipal, con la firma del técnico responsable y con la aprobación del gasto y con el crédito adecuado en la partida presupuestaria”.

Los grupos políticos, ha indicado Maciá, disponen del informe desde la convocatoria de la Comisión de Gestión Económica, que es la primera vez que se trae un informe de estas características al pleno municipal y que todos los ayuntamientos de España deben presentarlos junto con la Cuenta General, “sino estarían incumpliendo la ley. Nosotros cumplimos la ley y damos absoluta transparencia de todo lo expuesto”.

En este punto, el alcalde ha preguntado al interventor municipal sobre si en el mismo se recoge algún tipo de infracción administrativa como han insinuado desde el banco del PP. El interventor ha contestado al alcalde asegurando que no se han observado ni ilegalidades ni irregularidades que haya que denunciar ante el Tribunal de Cuentas ni cualquier otro tribunal de justicia.

“Además, los grupos políticos tienen en su poder otro informe del interventor en el que se indica que no se han apreciado hechos susceptibles de constituir una infracción administrativa o da lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales”, ha indicado la concejala.