UPyD denuncia los “intereses particulares” de la edil del PP Ana Gonzálvez en el ‘caso de la grúa’
El grupo municipal de UPyD ha denunciado los “intereses particulares” que tiene la concejal del PP Ana Gonzálvez en el caso de la grúa, quien ayer compareció para continuar con la “estrategia de acoso y derribo” al concejal César González, “llegando a manifestar su voluntad de meterme en la cárcel por ejercer la crítica política y presentar una moción de reprobación por una actuación rematadamente perjudicial para los intereses de los eldenses”.
Tras efectuar las oportunas consultas en el Registro Mercantil, la formación magenta ha podido comprobar que Gonzálvez era hasta el 1 de agosto de 2011 la administradora única del gabinete jurídico Garabito & Gonzálvez Asociados -con sede en la calle Antonio Vera, 45- cuya abogada Eloisa Garabito se encarga de defender al portavoz del PP, Francisco Muñoz. En ese bufete, además, también trabaja la concejala del PP Virginia Romero, según figura en la propia web de la empresa.
Así pues, González ha denunciado la “actitud inmoral” de Gonzálvez, que comparece para “contaminar con sus declaraciones el proceso judicial y a la opinión pública” y obvia poner sobre la mesa en sus manifestaciones que “la empresa que dirigía y en la que trabaja se va a lucrar con este caso” y “tiene intereses personales, por lo que si fuera una persona ética, se habría abstenido de opinar”.
Al mismo tiempo, UPyD ha recordado que incluso antes de cesar como administradora única, el pleno de julio concedió a Gonzálvez la compatibilidad para ejercer su profesión y gozar de una dedicación exclusiva de 2.800 euros mensuales del Ayuntamiento, por lo que González ha recalcado la “falta de escrúpulos y moral de esa concejala, que mientras dirigía empresas cobraba del pueblo”.
PAGAR DE SU BOLSILLO
UPyD ha aprovechado para recordar el compromiso adquirido por Muñoz de pagarse el litigo de “su bolsillo y no a costa de los ciudadanos”. González, por ello, ha adelantado que llegado el momento exigirá al concejal que muestre las facturas, pues “dado que el bufete que le defiende tiene intereses y vínculos tan claros con el PP, tenemos muchas dudas de que el edil cumpla con su palabra”.
González, por último, ha lanzado un mensaje tranquilizador a los afiliados, simpatizantes y votantes de UPyD, explicándoles que esta querella es de “carácter político y no es más que una cortina de humo lanzada por el PP para tapar el hecho de que todos los eldenses tendremos que pagar 460.000 euros de nuestros impuestos por la nefasta gestión del gobierno local en el caso de la grúa”.
Al mismo tiempo, el portavoz de UPyD ha indicado que está convencido de que los jueces tendrán “sentido común y no harán otra cosa que archivar el caso, al no existir ni injurias, ni calumnias”, pues la acusación que se le hizo al edil fue la de “atribuirse competencias que no tiene y firmar una subrogación de contratos para la que no estaba facultado y no la de falsificar la firma del Interventor y el Secretario, tal y como están dando a entender los ediles del PP debido a su desesperación por la presión de la opinión pública”.
