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La educación concertada valenciana exige que se le incluya en el plan de refuerzo por el covid

La educación concertada valenciana exige que se le incluya en el plan de refuerzo por el covid
  • El sindicato mayoritario en la Comunitat Valenciana lamenta que 30.000 alumnos de 1º y 2º de la ESO se hayan quedado fuera

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada en la Comunitat Valenciana y España, ha lanzado una campaña para promover la escolarización en la red concertada y privada de la Comunitat  y defender la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos en un año marcado por la pandemia y la entrada en vigor de la ley Celaá.

Así, esta propuesta quiere poner en valor el trabajo desarrollado por los centros concertados y por los más de 17.000 profesionales que durante esta pandemia “han dado lo mejor de sí mismos y han estado más que a la altura”. En este sentido, FSIE ha querido poner el acento en el esfuerzo de estos centros por alcanzar la plena integración social, la igualdad, la pluralidad y la libertad.

En este sentido, y coincidiendo con la apertura de los periodos de matriculación en la Comunitat Valenciana y bajo el lema ‘Libres para elegir la mejor opción” FSIE quiere poner de relieve la importancia que la elección de los padres tiene en el futuro de sus hijos.

De esta manera FSIE-CV articulará esta iniciativa de forma simultánea en las tres provincias con el fin de respaldar el derecho de  los padres a elegir la formación y educación que consideren más adecuada para sus hijos, tal y como se recoge en el artículo 27 de la Constitución.

Con esta iniciativa, FSIE quiere hacer un llamamiento a la sociedad para defender un modelo plural y homogéneo frente a una ley que pone en riesgo la demanda social de los centros educativos y la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial en la Comunitat Valenciana ya que la reforma de la LOMLOE cuestiona su continuidad lo que supondría “un ataque a la libertad y a la igualdad educativa, algo que no tiene cabida en la sociedad del siglo XXI”.

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