Denuncian que la academia de Policías Locales de la Generalitat “hace aguas”

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha denunciado “el despropósito” que supone que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) pretenda externalizar la formación de los agentes a los ayuntamientos valencianos.

En un comunicado que han difundido lamentan “el retraso y acumulación de funcionarios pendientes de su formación básica al haberse paralizado la actividad por falta de personal” en uno de los momentos con más demanda de formación de la historia del Ivaspe desde su fundación a principios de los 90, consecuencia de la renovación de plantillas policiales.

“Existe una demanda de plazas de cerca de 600 plazas para alumnos en prácticas y el saturado Ivaspe en el mejor de los casos no puede absorber más de 150, lo que conlleva que, por primera vez en sus 30 años de historia, se externalice el servicio”.

Desde el sindicato critican la “mala gestión” de la academia de policía local de la Generalitat, que “hace aguas” y que “aún debe a instructores nóminas por el trabajo desempeñado en la anterior promoción”. “Ni tan siquiera sepan como y cuando se lo van a pagar”, explican, al tiempo que recuerdan que llegan a adeudarse dos años de retrasos.

El SPPLB considera que la externalización “conllevará a todas luces una pérdida de formación de calidad, diferencia de modelo formativo con respecto a lo que debería ser una academia de policía que se pueda llamar como tal”.

“Evidencia a todas luces la falta de interés y de respeto hacia los ayuntamientos que son los que pagan las nóminas de los policías locales”, critican. “Mientras, la sensación de inseguridad crece en la vía pública con hurtos, agresiones sexuales o bandas, y sin policías en la calle, porque la Generalitat tapona la salida de éstos ya formados”.

Entre las situaciones denunciadas por el sindicato, critican que “en el curso actual, 20 agentes que hicieron las prácticas obligatorias antes que la teoría van a tener que empezar de nuevo, perdiendo esos dos meses teóricos y los dos meses de prácticas obligatorias que ya tenían hechas”. Una pérdida de tiempo y dinero que los sindicatos cifran en 200.000 euros en nóminas”.