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Comunicado contra la explotación sexual y la trata de personas

    La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Dénia recuerda que hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.

    La trata de seres humanos con fin de explotación es una gravísima violación de los derechos humanos, que afecta al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la seguridad, a la libertad y a la dignidad de la persona.

    Vulnera también otra serie de derechos humanos, como el derecho a no ser vendida en matrimonio, ni sometida a esclavitud, o tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes; el derecho a una vida familiar y a la intimidad, el derecho a la salud, a una vivienda en condiciones de seguridad y a no ser discriminada por el hecho de ser mujer.

    Se estima que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es quizá la forma de esclavitud más cercana a la ciudadanía española, afecta a miles de mujeres y niñas y, sin embargo, resulta invisible.

    La trata con fines de explotación sexual tiene rostro de mujer, las mujeres se ven inmersas en relaciones de dominación y control no sólo por el proxeneta sino también por el cliente; sin olvidarnos además del riesgo que la sitúa ante posibles agresiones, amenazas, torturas, embarazos no deseados y enfermedades sexuales.

    Cada año 700.000 personas aproximadamente son víctimas de trata con fines de explotación sexual de las cuales el 80% son mujeres y el 50% menores de edad. Muchas de ellas, la mayoría de entre 18 y 25 años, entran en la Unión Europea y en España, provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Paraguay, Nigeria, Ucrania, Rusia, Rumania o Senegal.

    Desde estas líneas reivindicamos los derechos de las víctimas de trata, destacamos la importancia de trabajar en el ámbito de la prevención, actuando en las raíces más evidentes de la trata con fines de explotación sexual (la demanda masculina de servicios sexuales comerciales y la feminización de la pobreza); y pedimos a los poderes públicos que sitúen los derechos humanos de las mujeres víctimas de trata dentro de sus prioridades políticas.

     

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