Dénia pide a Fiscalía que investigue un presunto delito de tráfico de influencias

Tras la comisión especial que investiga el derribo del Bar Mediterráneo, el equipo de gobierno de Dénia, presidido por Ana Kringe, ha informado hoy de que va a enviar a fiscalía un documento en el que solicita que se abra una investigación por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y daño al patrimonio cultural supuestamente derivados de la descatalogación de 248 edificios en el año 2012.

Según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Chelet, las vías administrativas están prácticamente agotadas, toda vez que al demostrarse que el edificio no estaba catalogado, el derribo total podía legalizarse. Lo que queda pendiente ahora es, según ha indicado, investigar por qué tanto este edificio como 247 inmuebles más quedaron fuera del catálogo aprobado por la Corporación Municipal en el pleno de diciembre del año 2012.

En este caso en concreto, y tal y como se ha visto en la comisión especial, no se descarta que la descatalogación fuera debida a un error de transcripción, puesto que el Bar Mediterráneo está ubicado en la calle Marqués de Campo 68 y en el catálogo figura como protegido el edificio adyacente, el número 66, que en principio no tiene ningún elemento cultural destacable.

No obstante, ha insistido el portavoz, existen diversos indicios que señalan que las cosas podrían no haber sido tan simples. Para empezar, la empresa responsable presentó su proyecto de demolición parcial -según lo acordado en la comisión mixta- justamente después de que entrara en vigor el nuevo catálogo, es decir, cuando una demolición total podía legalizarse. En este sentido, existen sospechas de que uno de los técnicos del estudio que llevó a cabo el proyecto de demolición, fuera presuntamente consciente de esta desprotección al haber participado como asesor de un grupo político municipal en diversas reuniones con el equipo redactor, artífice del catálogo de 2012.

En lo que respecta a la otra comisión que ha tenido lugar esta mañana, se convocará una segunda sesión para esclarecer el asunto. Al parecer, y según el portavoz del equipo de gobierno, se han detectado diversas situaciones en las que el departamento de Obras y Proyectos pudiera no haber sido todo lo diligente que cabría esperar.

En este sentido, “cuando en octubre asumí las competencias en el departamento”, ha explicado el portavoz, “encontré licencias concedidas sin avales, avales que no se devuelven sin más y falta de seguimiento de los expedientes” entre otros. Para ilustrar este asunto, en la comisión se pusieron varios ejemplos, como lo ocurrido en un sector determinado que consiguieron la licencia en 2005 para el desarrollo sin que se le exigiera ningún tipo de aval, y que no desarrollaron el alcantarillado que deberían haber hecho sin que desde Obras y Proyectos dieran cuenta del asunto.

“Hemos estado viendo la situación y en estos meses he ido trasladando a Alcaldía informes detallados, por lo que a partir de ahora vamos a ir abriendo los expedientes oportunos para depurar responsabilidades de un asunto que viene desde hace muchísimo tiempo” ha concluido el portavoz.