Sanidad mantendrá todos sus servicios en la Ribera tras recuperar la gestión pública del hospital
El Consell mantendrá la totalidad de servicios sanitarios que actualmente se prestan en la comarca. Es el mensaje tranquilizador que la Conselleria de Sanidad ha querido lanzar a los vecinos en la campaña informativa iniciada este miércoles en Cullera y que se llevará a cabo por toda la Ribera.
El objetivo de la misma es explicar el proceso de reversión a la gestión pública del Departamento de Salud de la Ribera —que incluye a 34 centros de salud y el hospital de Alzira—, que se efectuará a partir del 1 de abril de 2018 tras la conclusión de la actual concesión.
En la charla estuvieron presentes el subsecretario de Sanidad Universal y Salud Pública, Ricardo Campos; la directora general de la Alta Inspección Sanitaria, María Luisa Roselló y el comisionado en el Departamento de Salud de la Ribera, José Sanfeliu. También asistieron el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y el concejal de Sanidad, Pere Manuel.
Campos quiso desmentir los rumores vertidos a la opinión pública sobre una presunta degradación de la prestación sanitaria, que atribuyó a los intereses empresariales de la concesionaria. «Hay una absoluta garantía jurídica de todo el proceso, respetando la cartera de servicios. No va a haber ningún empobrecimiento de la asistencia sanitaria en la Ribera. Decir eso es alarmar por alarmar», afirmó.
El comisionado abundó en esta idea y dejó claro que también la maquinaria de todo el departamento ha de revertir a la gestión pública. «Es obligación de la empresa pasarnos todo el equipamiento en perfecto estado», remarcó. Para que esto se cumpla, se ha exigido a la concesión un inventario de todas las adquisiciones de material desde 2003 hasta el fin de la concesión el 31 de marzo de 2018.
En otro orden de cosas, Campos no dudó en denunciar presiones a la Conselleria de lo que calificó como «lobbies» de trabajadores que no representan al comité de empresa elegido democráticamente y único interlocutor válido de los empleados para las autoridades autonómicas.
El coste de la privatización
Sanfeliu también aportó cifras sobre el coste que ha tenido para las arcas públicas la privatización de la gestión sanitaria en la comarca, cuantía que fijó en alrededor de 1.300 millones de euros durante los quince años (2003-2018) de la actual concesión.
El hombre del Consell encargado de supervisar la gestión también dio a conocer la orden tramitada a la concesionaria para que corte toda publicidad comparativa sobre su gestión y recordó que ésta necesita de la autorización de la Conselleria. «No nos interesa esa propaganda de cuántas operaciones han hecho, lo que queremos son indicadores de salud: tasa de mortalidad, de reingresos, etc.», reclamó. Asimismo, lamentó que la publicidad también se incluya en los papeles de citación, algo que recordó está al margen de la legalidad.
Compromiso con Cullera
Pere Manuel, aprovechó la ocasión para reclamar la reapertura del consultorio del Racó durante el verano, cerrado este año según el Departamento de Salud por problemas técnicos para expedir las recetas electrónicas.
El comisionado se comprometió a hacer todo lo posible para que este centro de atención vuelva a funcionar en verano condicionándolo a que exista una demanda real de asistencia por parte de los usuarios.
