Los ayuntamientos recurrirán el nuevo plan de Cuenca y pedirán más agua para la Ribera
La batalla por el derecho al agua de calidad de la Ribera ha dado un paso más hoy en Cullera. Alcaldes y concejales de los municipios afectados por la contaminación y los nitratos han acordado presentar un contencioso administrativo contra el nuevo plan de cuenca del Xúquer aplicable desde 2016.
Los argumentos que se pondrán sobre la mesa son claros y giran alrededor de la insuficiencia de los caudales asignados. Pese a que el plan contempla una asignación de 10 hectómetros de aguas superficiales para la comarca y una reserva de otros 20, los municipios reclaman que la asignación sea de 30 porque con la actual se ven obligados a mezclar recursos hídricos del río con aguas de los pozos afectadas por nitratos y pesticidas. Si este proceso no se llevara a cabo, sería imposible cubrir toda la demanda de agua de la población, sostienen.
Tal y como se ha explicado en la reunión mantenida en el salón de plenos de Cullera por parte del abogado de los municipios afectados, Abel Lacalle, la reserva no garantiza que esos caudales acaben en la Ribera porque su uso dependerá en última instancia de una decisión política.
Al respecto, ha señalado que otras zonas de la cuenca también disponen de reserva, que en caso de ser necesaria debería salir de excedentes. Cabe tener en cuenta que la del Xúquer es de por sí una cuenca deficitaria. Se da por tanto la paradoja de que hay más reservas contempladas en el plan que agua disponible. En cambio, la asignación tiene un carácter más técnico y sí garantiza que esa agua sea utilizada exclusivamente para abastecer a la comarca.
Regeneración
Por otra parte, los demandantes estiman que el plan obvia el principio de que quien contamina paga, contemplado en la legislación europea. En ese sentido, el Gobierno hace recaer el coste derivado de las infraestructuras de potabilización sobre los usuarios de las redes de abastecimiento, que no son los causantes de la contaminación. Esto es visto como injusto por parte de los consistorios.
Además, el nuevo documento no garantiza las medidas suficientes para recuperar los acuíferos a pesar de reconocer que las Administraciones públicas no han hecho sus deberes en esta materia. En el anterior plan se preveía la regeneración de estos recursos naturales para 2015. Este incumplimiento ha acarreado ya dos sanciones para España por parte de la UE.
Tras la decisión adoptada hoy en Cullera por cargos municipales del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Units per València, ahora deberán ser los plenos municipales los que ratifiquen este nuevo litigio judicial contra la política hídrica del Gobierno. El anterior plan ya fue recurrido en su momento por los municipios ribereños.
Al encuentro de hoy han asistido los alcaldes de Cullera, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Benicull, Fortaleny y Llaurí así como concejales de Sueca, Corbera, Carcaixent y Favara. También han estado presentes técnicos municipales y representantes de la empresa mixta Aigües de Cullera.
El anfitrión, Jordi Mayor, ha destacado que los distintos representantes públicos «hoy damos una muestra más de que estamos defendiendo en bloque los intereses de nuestra comarca por encima de las siglas políticas porque este es un tema en el que hemos de ir todos juntos». «En Cullera iniciamos simbólicamente un tiempo nuevo en la defensa del derecho de nuestros vecinos al agua de calidad y hoy en Cullera volvemos a dar un paso crucial en esa lucha», ha apostillado.
Los objetivos finales de esta iniciativa pasan por garantizar el derecho al agua libre de nitratos y pesticidas para el consumo humano en la Ribera, recuperar los recursos hídricos afectados por la contaminación y pagar un precio justo por el agua librando a los usuarios de la comarca de soportar económicamente el pago de las infraestructuras que han tenido que construirse para depurar las aguas.
