CSIF urge al Consell a que agilice la regulación del teletrabajo en la Administración y a que no retrase la negociación

El sindicato CSIF urge al Consell a que regule el desarrollo del teletrabajo en la administración pública valenciana y a que no siga dilatando más la negociación. La central sindical lamenta que a pesar de la gravedad de la situación, Conselleria de Administración Pública ha entregado con cinco días de retraso el borrador del documento, lo que dilatará todo el proceso. CSIF también ha solicitado por escrito convocatoria de Mesa Sectorial para regular el caso de trabajadores cuyos hijos estén en cuarentena.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el Consell “a pesar de la experiencia vivida, no se está anticipando al problema que puede ocurrir y no está desarrollando la regulación del teletrabajo en la Administración con la rapidez necesaria”. El sindicato advierte de que “vendrán las dificultades y no habrá herramientas procedimentales para solucionarlas”.

CSIF, en este sentido, explica que el retraso de Conselleria de Justicia, Interior y Administración en presentar el borrador al resto de consellerias ya supone una demora de todo el proceso desde su primer paso. A partir de ahí las otras consellerias realizan sus aportaciones y el documento definitivo se lleva a negociación. 

La central sindical también ha solicitado por escrito a Conselleria de Administración Pública la convocatoria de la Mesa Sectorial de la Función Pública para abordar la situación de trabajadores del Consell con personas dependientes de ellos, ya sean mayores o menores, obligadas a permanecer en cuarentena por brotes en centros de día, residencias o colegios.

CSIF explica que “ante esta más que previsible situación en que padres tengan que atender a menores en cuarentena, se está tomando iniciativas para abordarla en la empresa privada sin que, hasta ahora, se haya buscado medidas para afrontarla en el caso de empleados públicos”. El sindicato hace hincapié en la negociación urgente para que “los empleados públicos del Consell no sufran menoscabo de sus derechos por una situación que les es totalmente inimputable”.