CSI·F rechaza la congelación salarial a los empleados públicos
El sindicato CSI·F rechaza la nueva congelación salarial a los empleados públicos anticipada por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y afirma que ralentizará la recuperación económica de la Comunidad Valenciana. Además, considera del todo insuficiente el anuncio de abonar únicamente una cuarta parte de la extra impagada de diciembre de 2012, al igual que la mínima variación de la tasa de reposición tras jubilaciones.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) afirma que la congelación del salario de los empleados públicos restringirá, una vez más, su poder adquisitivo, ya mermado por los continuos recortes que han sufrido en la última década. Esta circunstancia limitará sus opciones de consumo y, por tanto, de contribuir a la reactivación de la economía valenciana.
CSI·F señala, además, que las medidas anunciadas por el Gobierno central ahondarán en el deterioro de los servicios públicos en la Comunidad Valenciana, donde organismos como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o las oficinas de empleo estatal están desbordados por la falta de personal y la acumulación de trabajo. La imposibilidad de sustituir a ocho de cada diez jubilaciones en 2015 agravará el problema, que también se extiende a Prisiones, a Tráfico y a otros muchos ámbitos.
El sindicato CSI·F recuerda que la Comunidad Valenciana cuenta con una ratio de 354 habitantes por empleado público perteneciente a la Administración General del Estado (AGE). Esta cifra la sitúa a la cola de las autonomías con iguales transferencias y representa, por ejemplo, prácticamente el doble que los 186 trabajadores públicos por ciudadano que tiene la comunidad de Aragón, o los 194 de Castilla y León.
La central sindical explica que las declaraciones y acciones del Ministro de Hacienda ahogan a la Comunidad Valenciana y deterioran sus servicios públicos y la consiguiente atención al ciudadano. Por ese motivo el sindicato anuncia su rotundo rechazo y no descarta adoptar medidas contundentes en el caso de que no se produzca una rectificación durante el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
