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CSI·F pedirá al Juzgado de la Contencioso la suspensión cautelar de la desactivación de interinos sin capacitació

    El sindicato CSI·F recurrirá ante el Juzgado de lo Contencioso la resolución de 5 de junio de 2017 de Conselleria de Educación, que desactiva de bolsas de trabajo para el próximo curso a los docentes interinos que no cuenten con la capacitació en valencià. La central sindical pedirá, además, al tribunal que ordene la suspensión cautelar de la medida de Conselleria por "el grave perjuicio para el servicio público".

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que sus servicios jurídicos van a presentar recurso contencioso contra la resolución de Conselleria que, en su apartado 13, especifica que no adjudicará vacante el próximo curso a los docentes que no cuenten con el requisito en valenciano. El sindicato señala que esta medida afecta a más de 1.200 trabajadores interinos que cubren vacantes, que no podrán acceder a un puesto de trabajo debido al final de la moratoria para conseguir la capacitaciò en valencià. Educación ha decidido desactivarlos de las bolsas de empleo.

    CSI·F solicitará, además, la suspensión cautelar de la resolución de 5 de junio, tanto en lo que afecta al cuerpo de maestros como para los de Secundaria, FP y catedráticos. El sindicato señala que, de no adoptarse esa suspensión, podría producirse un daño de "difícil o imposible reparación" para los afectados y un "grave perjuicio al servicio público", al impedir acceder a puestos de trabajo a numerosos profesionales con dilatada experiencia y acreditada capacidad.

    CSI·F avisa que, de prosperar su recurso, el Juzgado de lo Contencioso podría obligar a Educación a reorganizar bolsas si desactiva a docentes, con lo que ello conlleva. Para evitar esta circunstancia también solicitará la suspensión cautelar. La central sindical advierte del grave daño que está provocando el fin de la moratoria y la obligatoriedad de la capacitació en valencià a los docentes que no cuentan con esta acreditación. Del mismo modo, destaca el gasto que conlleva para los afectados y el perjuicio personal y familiar que les ocasionará quedar desactivados de bolsas tras, en algunos casos, décadas de servicio.

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