CSI•F lamenta la “incertidumbre” que provoca en los empleados públicos valencianos la reforma del Registro Civil

El sindicato CSI·F denuncia la “incertidumbre” que sufren los empleados públicos valencianos ante la reforma del Registro Civil que plantea el Ministerio de Justicia. La central sindical lamenta que se trata de un intento de privatización que traslada a manos de los registradores de la propiedad un servicio atendido por funcionarios y dirigido por jueces, con la garantía que esto último supone para los ciudadanos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que en la Comunidad Valenciana funcionan 36 registros civiles en los que desarrollan su labor unos 200 empleados públicos. La medida que plantea el Ministerio ha provocado malestar entre este colectivo de trabajadores cualificados, que, además, sufren falta de información debido a que los responsables políticos no transmiten a los sindicatos sus propuestas concretas ni existe diálogo.

CSI·F defiende que los registros valencianos sean gestionados por empleados públicos, ya que “no se puede tirar por la borda su formación, experiencia y capacidad en su labor”. La central sindical propone el mantenimiento de los puestos de trabajo, el análisis de las cargas y un estudio para modernizar la estructura y funcionamiento de este servicio público.

La central sindical, además, considera que el Ministerio “debe hacer un esfuerzo inversor en nuevas tecnologías. Resulta vital disponer de un programa de gestión del Registro Civil que sea eficaz, sencillo en su uso, común a todos los registros y con acceso seguro”. También estima “fundamental” mantener la cercanía al ciudadano con “oficinas próximas”.