CSIF insta a la Agencia Valenciana de Seguridad y a la FVMP a acortar los procesos de oposiciones de Policía Local

El sindicato CSIF insta a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) a que modifiquen los procesos de acceso a los cuerpos de Policía Local. En este sentido, el sindicato se está dirigiendo a alcaldes y concejales de diferentes municipios para que insistan ante estos dos organismos y eviten oposiciones que se alargan hasta dos años.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que, “ante la lentitud de los procesos”, desde las alcaldías recurren a policías interinos, a pesar de que estos últimos no pueden realizar servicios de seguridad, como patrullas, ni llevar armas, lo que supone una merma en la atención a la ciudadanía y un riesgo añadido para los propios agentes.

El sindicato explica que en la actualidad un opositor a Policía Local es requerido para acudir a nueve pruebas diferentes, cada una convocada en días distintos. De este modo asiste un día a demostrar que mide la estatura exigida, otro a superar test de personalidad y conocimiento; a lo que se suma la presentación para la redacción de temas y posterior lectura ante el tribunal o realización de supuesto práctico, superación de pruebas físicas y de pruebas médicas. A esto se añade la realización del test de conocimiento valenciano-castellano; el pase de un test de conocimientos locales, el posterior curso en el Ivaspe y el periodo de prueba.

La central sindical alerta de que en casos como el de la ciudad de Valencia, con 2.000 aspirantes presentados a las oposiciones que comienzan este mes, cada paso se dilata semanas al tener que citar a los afectados en días separados debido a la gran cantidad de opositores. Esto aumenta el retraso y los gastos del proceso, ya que conlleva el pago, por parte del Consistorio, de más dietas a los miembros de tribunales al convocarles en un mayor número de ocasiones.

El sindicato considera prioritario “agilizar y simplificar el procedimiento”, de manera que los ayuntamientos puedan disponer del personal funcionario de carrera cuando lo necesitan y “dar respuesta a las necesidades de seguridad de una sociedad del siglo XXI”.

CSIF recalca que el actual sistema precariza el servicio policial promoviendo la interinidad y empeorando la atención a la ciudadanía, permite la existencia de lobbys de formación que mantienen durante años a sus opositores en las academias y dispara los gastos de los ayuntamientos en pagos de dietas a tribunales.