CSIF considera dramáticos los datos de la EPA y exige al Consell medidas urgentes para generar puestos de trabajo
El sindicato insta al ejecutivo autonómico a que busque la suma de esfuerzos con los agentes sociales para reactivar la economía
El sindicato CSIF considera “dramáticos” los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado 2020 conocidos hoy. El aumento de 51.300 personas en la lista de desempleados en la Comunidad Valenciana confirma el efecto devastador de la pandemia en la economía y la falta de medidas efectivas para reactivar el empleo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recalca que los datos son “demoledores”. El sindicato señala que demuestran el efecto de la pandemia, pero también la carencia de impulsos económicos para generar empleo en la Comunidad Valenciana. De hecho, al cierre del anterior 2019, el paro aumentó en 2.700 personas en la Comunidad Valenciana, a pesar del crecimiento de un pilar básico de la economía como el turismo, mientras que en el conjunto de España, en el mismo periodo, se reducía en 112.400 personas.
El sindicato advierte, además, que el dato de 398.000 personas desempleadas con que se cerró 2020 tiene el matiz de que no suma a los profesionales incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con suspensión de empleo, por lo que la cifra real de valencianos en paro previsiblemente se incrementará.
La central sindical insta al Consell a aplicar medidas prácticas que generen puestos de trabajo. El sindicato lamenta, en este sentido, la falta de negociación y de apertura por parte del gobierno autonómico en una coyuntura tan delicada y que requiere de unidad y suma de esfuerzos. CSIF se ha ofrecido en reiteradas ocasiones para aportar propuestas destinadas a la reactivación económica; no obstante, el Consell no ha contado con el sindicato, por ejemplo, para la denominada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
El sindicato también considera “preciso afrontar el problema del exceso de la temporalidad y afrontar el déficit estructural de las plantillas públicas, que se ha puesto en evidencia durante la pandemia en ámbitos como Sanidad o Educación”.
