CSI•F clausura su congreso con una defensa de lo público “como opción fundamental del estado”

El sindicato CSI·F ha clausurado su VII Congreso General Ordinario con una llamada a la “defensa de lo público como opción fundamental del estado”. El reelegido presidente autonómico, Daniel Matoses, ha centrado su discurso de investidura en impulsar la figura del sindicato como “instrumento útil y eficaz, que persiga una administración que dé respuestas adecuadas a las demandas de los ciudadanos”.

Matoses, que inicia su quinto mandato al frente de CSI·F, ha destacado que el sindicato que preside intentará, en esta nueva etapa, “propiciar iniciativas y acuerdos con el resto de agentes sociales, instituciones y gobiernos para salir de esta encrucijada y devolver a los ciudadanos la esperanza en el futuro”. También subrayó que “las dificultades acrecientan más si cabe nuestras ganas de trabajar”.

El sindicato aprovechó la segunda jornada de su congreso para entregar sus diplomas de honor a tres sindicalistas con más de 20 años de trayectoria en CSI·F. En concreto a Juan Martínez, secretario sindical en el Ayuntamiento de Valencia; María Ángeles Andreu, delegada de administración local en Valencia; Mari-Carmen Díaz, responsable de Acción Social; Maite Limonge, delegada de Castellón.

Del mismo modo, el sindicato otorgó su medalla de honor autonómica al presidente de la Unión Provincial de Castellón, Javier Estrada, “como motor fundamental de CSI·F”; a la presidenta de la Unión Provincial de Valencia, Paula Breña, que “encarna la imagen de sindicalista con clase”; y a Alicia Torres, vicepresidenta autonómica, por su “dedicación y eficacia”.

El presidente nacional de CSI·F, Miguel Borra, cerró el congreso poniendo a la Comunidad Valenciana como “ejemplo de lo que no se debe hacer como lo ocurrido con la aprobación de recortes al personal de la administración”. Igualmente instó “al diálogo a los responsables de las administraciones públicas y a la apertura de las mesas de negociación como elemento de trabajo necesario para superar la actual crisis y racionalizar la Administración”.

Borra anunció una “férrea defensa de los servicios públicos en el actual contexto”. Además, exigió a la “Administración que reconozca el castigo que la crisis está infligiendo a los empleados públicos y que realice una valoración de la pérdida de poder adquisitivo”.