El alcalde explica en la Comisión de Urbanismo el recurso de casación que se va a presentar para recurrir la sentencia por los terrenos de Ronda Sur
En la comisión Asencio informó del talante negociador que siempre ha tenido como Alcalde en las expropiaciones. En este sentido, explicó que “de casi 70 expropiaciones y adquisiciones de terrenos efectuadas desde 1995, sólo se han producido dos contenciosos con propietarios”.
Uno fue porque hubo un error de linderos y se ocuparon unos pequeños terrenos en la plaza Planelles con motivo de unas obras de urbanización, no hubo conformidad y están ahora en fase de reclamación, ya hemos pagado una parte; por lo tanto, la única reclamación que ha ido a juicio es la de expropiación de terrenos de Ronda Sur.
Asencio ha apuntado además que “se produjo un pequeño contencioso durante las obras del colector de Alarico López Teruel – Paseo de la Estación, a la boca de salida del colector, porque hubo que ampliarla”.
Todas las demás adquisiciones , “como la compra de terrenos para la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Canónigo Manchón y del colegio Virgen de la Esperanza, o las expropiaciones en la Rambla o en la Plaza del Ayuntamiento”, indica el Alcalde, “se adquirieron con conformidad a los informes técnicos valorativos asumidos por los propietarios”.
Además, el actual gobierno del Partido Popular, a partir del año 95, heredó tres sentencias de expropiación de la anterior etapa del PSOE, en la que casi todas las expropiaciones acabaron en contenciosos. Estas tres fueron las de los terrenos de los hermanos Bonastre, a la entrada de Crevillent, donde se ubica el hipermercado Lidl, un solar situado en la avenida de la Libertad, y “La Yesera”, frente a las 98 viviendas. Asencio ha asegurado que durante sus mandatos “el 99% de las expropiaciones se han efectuado con informes técnicos asumidos por propietarios tras negociaciones y consenso”.
En el caso concreto del contencioso por los terrenos expropiados en Ronda Sur para la construcción de los colegios Julio Quesada y Mestra Pilar Ruiz, el Alcalde informó en la comisión de que en su día, se alcanzó un consenso con la mitad de los propietarios, que tenían 4.220 m2 de los 8.538 m2 a expropiar en total . Ha señalado, que “Caja Mediterráneo, por ejemplo, tenía terrenos dentro de la parcela a construir, pegados a los solares de los reclamantes, y teniendo su equipo técnico de tasación propio que comprobó lo correcto de la tasación firmó la conformidad del valor de expropiación, al igual que hicieron la mitad de los propietarios”.
Asimismo, informó que con los reclamantes “se produjeron innumerables reuniones, dato que corroboraron en la Comisión los técnicos municipales, pero no se alcanzó un acuerdo mediante el cual, los propietarios reclamantes cobraran lo mismo que la CAM y que el resto. El Ayuntamiento no tenía entonces margen de maniobra para aumentar el valor de los terrenos, porque se produciría un agravio con el resto de propietarios, y porque los informes valorativos técnicos no podían ser diferentes.
Posteriormente, una ley del año 1998, aumentó al doble los valores de expropiación y declaró la eficacia retroactiva en los expedientes en curso. En el año 2001, el Jurado Provincial de Expropiación aplicando esa ley multiplicó por dos el valor de los terrenos, por lo que el Ayuntamiento tuvo que pagar el doble a los propietarios, quienes tampoco estaban conformes y querían más.
En el año 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, admitió la reclamación donde los propietarios exigían 900€ por m2 más el 25% de daños y perjuicios, lo que suponía 1.125 € por m2. La actual sentencia, con valores del año 2008, concede 1.000€ por m2, una cifra más baja que la que reclamaban aquéllos en el año 2003.
El Alcalde ha explicado que “resultaba imposible negociar en 2003 con esas exigencias, por lo que no había posibilidad de acuerdo dadas las pretensiones ilimitadas y se actuó conforme a los informes técnicos para salvaguardar el principio de igualdad de trato, pues el Ayuntamiento no podía pagar 20 veces más que a los propietarios que firmaron antes la conformidad”.
En la comisión, el Alcalde entregó a los grupos de la oposición el recurso de casación, que ha sido redactado por el abogado que lleva la expropiación, el mismo profesor universitario que ha llevado los asuntos municipales en los últimos 30 años, por lo que estuvo también con los dos anteriores gobiernos de izquierdas, y que es un gran profesional del derecho.
El recurso de casación se va a fundamentar, según explicó el Alcalde en la comisión, en la infracción del principio de cosa juzgada, por alterar lo decidido en la sentencia del año 2003 que sólo anula el procedimiento de tasación, es decir, la forma de cómo se obtiene el precio final, pero mantiene la expropiación que se inicia en el año 1997, por lo tanto, deben mantenerse los valores del año 1997.
El segundo motivo es el de Incongruencia de la sentencia. Hay un principio que obliga a que un juez o un tribunal fundamente jurídicamente cómo se resuelve un expediente, en este caso, se debería explicar por qué se aplican valores del 2008 y no de 1997, lo que no hace la sentencia.
También se recurre por infracción de la ley en relación a la Ley de Expropiación Forzosa. Hay un artículo en el que el expediente de expropiación forzosa se inicia con la hoja de aprecio, que es del año 1997, y esta sentencia no aplica ese principio.
Se recurre además la no aplicación e infracción de un principio legal de respeto a la veracidad y objetividad de las resoluciones de los jurados provinciales de expropiación, y que tiene que haber algo muy evidente que el juez aprecie para desviarse de la resolución que dicte un jurado provincial de expropiación. El Jurado Provincial de Expropiación por dos veces valoró igual el valor municipal.
Finalmente, la no aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y es que cuando hay nulidad de pleno derecho se anula todo lo actuado, y por lo tanto hay que volver a iniciar los procedimientos. En este caso, si hubiera habido nulidad de pleno derecho habría que iniciar la expropiación cuando se reinició el expediente en el año 2008, como si no se hubiera hecho antes nada, pero la sentencia de 2003, que anula el expediente de expropiación del año 2003 no lo declara nulo de pleno derecho, sólo anula el procedimiento de tasación conjunta y deja en eficacia el resto del expediente. Por lo tanto, hay un principio de conservación de actos administrativas lo que significa que lo no anulado sigue vigente, y que hay que sustituir la parte anulada por otra nueva teniendo en cuenta que el resto de actos siguen vigentes. Este punto determina que el valor del suelo que sigue vigente es el del año 1997, el del inicio de la expropiación.
El Alcalde ha indicado que “todos estos son los motivos del recurso de casación que se explicaron en la comisión, y que van a fundamentar este recurso ante el Tribunal Supremo”.
