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Moción del PP solicitando la disolución de los Ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca

    El Partido Popular ha registrado una moción en el Ayuntamiento solicitando la disolución de los ayuntamientos gobernados, tanto en el País Vasco como en Navarra, por Acción Nacionalista Vasca. La moción será debatida y votada en el último pleno que se va a celebrar este año. Y serán remitidos los acuerdos aprobados al Presidente del Gobierno, Sr Rodríguez Zapatero.

    La portavoz Popular Loreto Mallol explica, en su comparecencia, que el pasado 22 de septiembre el Supremo ilegalizó a Acción nacionalista Vasca, cuyas siglas son ANV, al considerarla una tapadera de ETA. El Tribunal Supremo en sentencia firme ha dejado sentado que “ANV es un partido político que ha acabado colaborando reiterada y gravemente  con BATASUNA, completando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA”.

    A pesar de esta sentencia de la sala 61 del Tribunal Supremo, actualmente existen 42 ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale, bien con mayoría absoluta o bien en coalición con partidos como el PNV, EA, Aralar o IU, lo que para el Partido Popular es inadmisible, siendo necesaria su disolución de la forma más rápida posible y dentro de la legalidad.

    Según Mallol la Ley Orgánica 1/2003, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, modificó el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, para establecer los motivos y el procedimiento a seguir para la disolución de ayuntamientos cuando sus órganos de gobierno realicen actos que atenten gravemente contra el interés general. En el propio artículo se recoge actos que atenten gravemente contra el interés general. En el propio artículo se recoge como decisión gravemente dañosa dar cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y las que humillen o menosprecien a las victimas o a sus familiares.

    "En el PP tenemos muy claro que los representantes políticos de ETA no pueden formar parte de ninguna institución y por esto presentamos esta moción que tiene como finalidad disolver los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca. En esos ayuntamientos no se condenan los atentados de asesinatos cometidos por ETA, se destinan partidas para ayudar a los presos de ETA, se pone a las calles el nombre de presos e incluso en las fiestas se les rinde homenaje.

    Creemos que es motivo más que suficiente para su disolución, según recoge el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y por ello pensamos que podemos contar con los votos favorables tanto del PSOE como de Comprimís.

    También pedimos al Gobierno de España  que los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca no gestionen el dinero procedente del Fondo Estatal de Inversión Local y lo hagan las Diputaciones Forales como garantía del buen uso del mismo. En resumen desde el PP no queremos que quienes apoyan a ETA y menosprecian a los familiares de las víctimas gobiernen ningún ayuntamiento de España y gestione el dinero de los contribuyentes".

    En esta moción, el Partido Popular formulará otra petición al Gobierno de la Nación y es que el dinero que va a llegar a los ayuntamientos procedente del Fondo Estatal de Inversión Local, recientemente aprobado, no llegue directamente a los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca y se entregue a las Diputaciones Forales, para que sea usado en beneficio de los vecinos de esas localidades y no se haga mal uso del mismo.

    Para finalizar su intervención, Loreto Mallol explica que de no adoptarse las medidas que el Partido Popular solicita en su moción, el Ayuntamiento como el de Azpeitia que se negó a condenar el asesinato del industrial Ignacio Uría, recibirá 2.487.393 € o como el de Mondragón, donde fue asesinado el ex concejal socialista Isaías Carrasco que recibirá 3.914.272 € .

    Debe quedar claro que el PP quiere que llegue el dinero a los vecinos de estas localidades, pero que no sea administrado por la formación ilegalizada ANV, puesto que está demostrado que utiliza el dinero de los contribuyentes en ayudar a los presos de la banda terrorista ETA o en homenajear a los citados presos como una actividad más incluida en su programa de fiestas

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