El Ayuntamiento tramita las quejas de los vecinos ante el Síndic de Greuges
El Ayuntamiento de Crevillent está tramitando a través del registro municipal las quejas de los vecinos ante el Síndic de Greuges, que es en la Comunidad Valenciana como el Defensor del Pueblo, y ello gracias al convenio de colaboración firmado recientemente entre las dos instituciones . Además, en la página web del Ayuntamiento se ha creado un enlace al buzón que tiene el Síndic en Internet para la recogida de consultas y quejas.
La Concejal Laura Gomis responsable municipal de las relaciones con el Síndic ha explicado que desde el Ayuntamiento se quiere facilitar a los vecinos que puedan realizar sus quejas ante el síndic de la forma más cómoda y rápida. Por ello, en el registro municipal se dispone de formularios para presentar las quejas y es el propio ayuntamiento el encargado de tramitarla. También para los que prefieran las nuevas tecnologías, el Ayuntamiento ha puesto un enlace en su página web www.crevillent.es con el fin de hacer por Internet las reclamaciones ante el Síndic.
Recordar que las quejas ante el Síndic de Greuges pueden ser presentadas por cualquier persona, sea natural o jurídica. Por lo tanto, es indiferente la nacionalidad, el domicilio, el sexo, la edad, etc.
El Síndic de Greuges puede iniciar cualquier investigación tendente al esclarecimiento de actos o resoluciones de la Administración, sus autoridades o funcionarios.
Los actos o resoluciones aptos para provocar una investigación del Síndic de Greuges, pueden emanar de la Administración de la Generalitat, de la Administración Local o, incluso, de servicios gestionados por cualquier persona mediante concesión administrativa.
Esa investigación tendrá por objeto comprobar si los derechos y libertades del ciudadano, cuya defensa tiene encomendada legalmente el Síndic de Greuges, pueden haber sido vulnerados, como consecuencia de tales actos o resoluciones. Se trata de garantizar que los actos y resoluciones que emanan de las Administraciones Públicas señaladas, se ajustan a los principios reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y de que el ciudadano tenga la garantía de que sus derechos y libertades son respetados.
