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Crespo censura al gobierno que inspeccione a los agricultores “como si fueran ladrones o corruptos; esa plaga hay que buscarla entre todos los imputados del PP”

  • La portavoz del PSPV señala que la aplicación de la ley 27/2011 es “otro ataque directo a la profesión agraria” y “una discriminación” respecto a otros colectivos que no reciben nunca inspecciones

La portavoz socialista de Agricultura en Les Corts, Vicenta Crespo, ha censurado que el Gobierno de España inspeccione a los agricultores como si fueran ladrones o corruptos, ya que aparecen en sus campos inspectores de trabajo acompañados de la Guardia Civil. “Esa plaga hay que buscarla entre todos los imputados del PP pero no entre los hombres y mujeres del campo valenciano”, ha argumentado. En este sentido, ha valorado Crespo la sanción impuesta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a las personas jubiladas que realizan trabajos para cubrir los gastos de mantenimiento y producción de sus campos.

Crespo ha considerado “injusto” el trato que reciben los agricultores por mantener trabajados sus bancales, por mantener un territorio cuidado después de toda una vida trabajando. Al respecto, ha manifestado que la aplicación que se está haciendo de la ley 27/2011 es “otro ataque, otro castigo directo a la profesión agraria” y sobre todo, ha subrayado, “una discriminación” respecto a otros colectivos que, según ha dicho, “será casualidad pero no reciben nunca inspecciones”.

Minifundismo valenciano

La ley establece que los agricultores jubilados no pueden ingresar más de 9.000 euros por la explotación de sus tierras, lo que, según Crespo, debido al minifundismo característico de la Comunitat, prácticamente ninguno consigue llegar a esta cantidad. Al respecto, ha añadido que “ya querrían muchos superar esa cantidad y contratar a otras personas que les ayudaran en las tareas del campo”. Igualmente, la ley contempla que la pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia siempre que los ingresos anuales no superen el salario mínimo interprofesional (9.000 euros anuales).

Por otra parte, la diputada ha apuntado que los inspectores “no deben tener la conciencia demasiado tranquila” cuando acuden acompañados de la Guardia Civil a los campos de personas que llevan años denunciando robos en sus explotaciones y nadie les hace caso. Por eso, ha puntualizado que los agricultores y ganaderos son “doblemente víctimas”. En este sentido, ha mostrado su esperanza en que no prosperen ninguna de estas sanciones porque “los agricultores y ganaderos no se merecen este calvario, ni tampoco sustos ni represalias”.

Por todo ello, ha pedido al Consell que inspeccione otros fraudes, que pague lo que les debe y ponga el dinero suficiente para acabar con la desastrosa crisis que arrastran desde hace más de 17 años.

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