Les Corts aprueban la Ley de Función Pública del Consell que supone una administración más social, moderna y profesional
La nueva normativa beneficiará a 190.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana
La consellera ha afirmado que la tras la actual normativa, en vigor desde 1985, la nueva ley está basada “en la lógica de la participación, el consenso y el diálogo social, que recoge todas las sensibilidades y opiniones, ya que debe ser una ley de todos y al servicio de todos”. Tal es así, que como ha recordado Paula Sánchez de León, además de tener el apoyo de los grupos mayoritarios de Les Corts, el texto contó ya en su momento, como proyecto e ley con el respaldo de la mayor parte de las organizaciones sindicales, CSI-CSIF, UGT, y CCOO y CEMSATSE.
La responsable de Administraciones Públicas del Consell ha resaltado que la nueva ley configurará “una administración pública valenciana más social, moderna, competitiva y profesional, ya que supone una mayor profesionalización y especialización del personal”. “Conseguiremos una administración más dinámica y participativa en la que su personal se sienta totalmente comprometido con los objetivos de la misma y que, a su vez, tenga como objetivo fundamental estar al servicio de la ciudadanía y dar respuestas inmediatas a sus demandas”, ha añadido.
En este aspecto ha afirmado que la actual división de grupos y sectores se convertirán en cuerpos, escalas y agrupaciones profesionales funcionariales y se incorporarán nuevas titulaciones académicas y grupos y subgrupos profesionales, fruto del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia 2010).
Mayor compromiso con la calidad del servicio
Además, el texto introduce un nuevo sistema retributivo basado en el rendimiento, a través del complemento de carrera y el de actividad profesional, que dependerá de la evaluación del desempeño. “Esta apuesta supone el optar por una administración más exigente, más comprometida con la calidad del producto que ofrece a la ciudadanía y más competitiva con el resto del sector laboral”, ha manifestado la consellera.
En la línea de la citada profesionalización del personal empleado público al servicio de la administración, la ley regula la figura del personal directivo público profesional. Sánchez de León ha aclarado que “este personal no se prevé con carácter general y podrá ser nombrado para la puesta en marcha de planes o programas concretos y de duración determinada contando con el control del Consell y percibiendo un porcentaje de sus retribuciones en función de los resultados obtenidos, es decir, de la productividad”.
Además, la ley pone especial atención a aspectos prioritarios del orden social. En este sentido, recoge una serie de medidas destinadas a combatir la violencia de género, como la tramitación preferente de todos los asuntos relacionados con la misma, o el traslado inmediato a otro puesto de trabajo de la mujer en situación de riesgo, junto con la opción, entre otras, de flexibilización del horario laboral.
Asimismo, la ley contiene medidas para la integración de las personas con discapacidad, elevando al 7% la reserva de plazas vacantes para el personal discapacitado (antes del 5%) y se adoptan medidas para garantizar su acceso en condiciones de igualdad.
La consellera ha subrayado que estas medidas “son un claro ejemplo del esfuerzo del Consell por configurar una administración pública más próxima a la ciudadanía e implicada con los colectivos que requieren una dedicación y un tratamiento especial y específico”.
Potenciación del conocimiento del valenciano
La ley sustituye el compromiso de la realización de cursos de perfeccionamiento por la obligatoriedad de su realización. “Se pretende que quede clara la obligación que tiene el personal que supere las pruebas selectivas de realizar los cursos de perfeccionamiento que organiza la Generalitat cuando no pueda acreditar el conocimiento de valenciano”, ha indicado la consellera.
En este sentido, Sánchez de León ha anunciado que precisamente, su departamento está trabajando ya en la elaboración de un Plan de Fomento del Valenciano en la Administración con el fin de aumentar el uso del valenciano en la función pública, donde a fecha de hoy ya 7 de cada 10 funcionarios acreditan oficialmente sus conocimientos. La consellera ha insistido en que para el Consell “la lengua siempre es y será un elemento de cohesión y no una barrera de desunión, por ello apostamos por garantizar que cualquier ciudadano se relacione con la administración en el idioma que prefiera, porque el uso del valenciano tiene que ser una elección y no una imposición”.
Otras novedades a destacar en la nueva ley es la rebaja de la edad necesaria para el acceso a la función pública hasta los 16 años. Además, se introducen medidas que garanticen la profesionalización e imparcialidad de los tribunales de selección, como la prohibición de actuar en los mismos el personal de elección o designación política y personal eventual, o en representación o por cuenta de otros.
Proceso de funcionarización voluntario
Además, una de las disposiciones de la ley recoge el desarrollo de un proceso de funcionarización voluntario para el personal laboral fijo, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de aproximadamente 2 millones de euros en concepto de seguridad social y de ayudas sociales. Los alrededor de mil laborales fijos que hay en la Administración del Consell, que accedieron en su momento mediante una oposición, podrán optar a este proceso a través de una prueba específica. Al funcionarizarse estos trabajadores pierden unos derechos, como las ayudas sociales o la movilidad horizontal; pero ganan otros, como la posibilidad de promoción vertical.
Por último, el texto regula un código de conducta para su personal que incluye un conjunto de derechos y deberes, y unas reglas deontológicas o de comportamiento que deben observarse en la prestación del servicio público y en la adecuada atención a la ciudadanía, lo que “implica una responsabilidad y compromiso del personal funcionario con el servicio público y con la sociedad valenciana”, ha afirmado Paula Sánchez de Léon.
El texto, cuya entrada en vigor se producirá al mes de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, contiene 11 títulos, 156 artículos, 20 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 3 disposiciones finales y tres anexos, en virtud de los cuales, se crean los cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales y sus correspondientes escalas, de la administración de la Generalitat y los gestionados por la Conselleria de Sanidad y organismos o entidades dependientes.
El ámbito de aplicación se extiende a todo el empleo público en la Comunitat Valenciana. Incluye, la Administración de la Generalitat, el personal de Administración y Servicios de las Universidades Públicas Valencianas, el de las entidades Locales de la Comunitat Valenciana y el de los organismos, entidades e instituciones dependientes de las anteriores. También se proyecta sobre personal con normativa específica: personal estatutario de los servicios de salud, personal docente, investigadores, etc.
