Les Corts aprueban la ley de Cuentas Abiertas de Podemos

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy la proposición de ley de Cuentas Abiertas presentada por el grupo parlamentario Podemos-Podem con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del grupo popular, que ha votado en contra.

El parlamentario David Torres, que ha defendido la iniciativa, ha señalado que a partir de ahora, la Comunitat Valenciana cuenta con una herramienta que puede aportar más transparencia y facilitar al mismo tiempo la participación efectiva de las personas en la fiscalización de las cuentas de la administración. Además, ha destacado que es un complemento indispensable de la Ley 2/2015 de Transparencia y Buen Gobierno.

Torres ha destacado que se trata de una herramienta que reclama la sociedad, para promover una mayor transparencia y participación, ya que el acceso a las cuentas bancarias donde se deposita el dinero público es la mayor garantía de transparencia en la administración y el mecanismo más eficaz para luchar contra la corrupción.

El parlamentario ha lamentado que la corrupción “nos ha metido en el mapa de la vergüenza como valencianos y valencianas, unida a una política basada en el despilfarro”. Torres ha criticado “la falta de transparencia y la opacidad, a todos los niveles, que hemos vivido durante estos  últimos 20 años, en los que ha gobernado el PP”.

La intención, ha señalado el diputado de Podemos, no es conseguir paredes de cristal, sino derrumbar estas paredes, poniendo a disposición de las personas el acceso a las cuentas bancarias de la administración. “La gente –ha afirmado ante el pleno—tiene derecho a saber qué se hace con el dinero público, a conocer y a indignarse por el posible mal uso que se pueda hacer, a ser actores claves en la lucha contra el mal uso”.

Torres ha indicado que entiende las dificultades técnicas para el desarrollo de la ley; se ha mostrado de acuerdo con los plazos que marca el dictamen para la entrada en vigor de la misma, de 9 meses desde su publicación para la administración de la Generalitat y de 12 meses para el resto y ha destacado la importancia del estudio técnico de impacto en el derecho de la protección de datos personales para poder establecer aquellos supuestos en los cuales la publicación de la información pudiera afectar significativamente al derecho.