UGT considera que falta control y fiscalización de la Iglesia Católica
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) considera acertada la petición hecha por la diputada Mónica Oltra en les Corts Valencianes, al Consell, solicitando conocer el contenido de las nóminas del profesorado de religión católica que ejerce en los centros educativos públicos y que es sostenido con fondos públicos, esto es, pagado directamente por la conselleria de Educación, cuando la entidad o empresa que los contrata y despide, y en la que prestan sus servicios, es totalmente privada.
FETE-UGT PV considera que con esta medida se podrá conocer con exactitud el importe total de los fondos públicos que la Generalitat paga por este concepto, analizarlo y valorarlo, teniendo en cuenta que este concepto hasta ahora no aparece como tal en los presupuestos de la Generalitat y goza de cierta opacidad, como el resto de privilegios de los que goza la Iglesia Católica.
FETE-UGT PV considera que por esta partida y concepto, sobre la base de una estimación de 35.000€/año por profesor (coste empresa), la Generalitat Valenciana emplea al año más de 50 millones de euros, que siempre han escapado al control y fiscalización pública, e, incluso al simple conocimiento de la sociedad valenciana.
FETE-UGT PV siempre ha mantenido que la religión es un asunto privado de los ciudadanos y que su doctrina y enseñanza deben quedar fuera de la escuela pública, que debe ser siempre ideológicamente neutral, y que, por tanto, el profesorado que contrata la Iglesia Católica para impartir sus enseñanzas doctrinales debe ser retribuido y pagado por esta entidad y no estar a cargo de los presupuestos y fondos públicos de todos los ciudadanos, sobre todo en el momento actual de recortes educativos y sociales, en los que, el pago de la deuda y sus intereses (5.003,05m€), supera el presupuesto destinado por la Generalitat a Educación (4.098,3M€) y casi alcanza al destinado a Sanidad (5.492,99M€), configurándose aquella (pago de la deuda y sus intereses) como la “segunda conselleria” en consumo del gasto público y social de la Generalitat previsto para 2015 (17.191,46M€), ya que consume casi el 30% de todo el presupuesto autonómico.
