El Consell valida la contratación del servicio técnico de apoyo al régimen sancionador por los incumplimientos de las medidas ante la COVID-19
En los últimos meses se han acumulado más de 95.000 actas de denuncias como consecuencia de la evolución de la pandemia
El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia de la contratación del servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención ante la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.
En los últimos meses, se han llevado a cabo el levantamiento masivo de actas sancionadoras que se remiten a los servicios territoriales de la Conselleria de Justica, Interior y Administración Pública, desde las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional Adscrita, Policía Nacional, Policías Locales y Guardia Civil). Ya se han acumulado más de 95.000 actas de denuncia procedentes de las tres provincias de la Comunitat Valenciana a causa de la perimetración de los municipios de más de 50.000 habitantes.
Ante tal número de actas de denuncia por incumplimiento de la normativa COVID-19 y ante la excepcionalidad del momento, se ha requerido la necesidad de contratar por emergencia un servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
La Administración no dispone de recursos humanos suficientes para hacer frente a la tramitación del volumen de dichas sanciones sobrevenidas a consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria.
Por estos motivos, la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia acordó tramitar por emergencia (Resolución de 8 de marzo de 2021) el servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador contra el incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la COVID-19, reguladas por Decreto ley 11/2020, de 24 de julio. El contrato se ha adjudicado a la empresa Martínez Centro de Gestión, por un importe de 1.742.400 euros (IVA incluido) y tiene una duración máxima de un año.
El objetivo es lograr la tramitación de todos los procedimientos administrativos de carácter sancionador, incluida la gestión del cobro de las sanciones, que se imponen a los infractores.
