El Consell presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Aguas
La Generalitat considera que se otorga a las autonomías capacidad para gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial, labor que constitucionalmente compete al Estado
En concreto, la Generalitat cuestiona la constitucionalidad de este cambio legislativo pues considera que otorga a las comunidades autónomas capacidad para gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial, labor que está limitada al Estado según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española.
En este sentido, el Consell cree que se está quebrantando el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, según lo que recogen los artículos 14 y 16 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
Se entiende que el Real Decreto atenta contra lo que siempre han defendido los regantes y la administración valenciana que es la unidad de gestión de cuenca, ya que en los casos en los que los sistemas hidráulicos afectan a dos o más comunidades autónomas se podría producir una diferente interpretación, generándose agravios comparativos y tensiones territoriales.
El control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran.
De otro modo, se fragmentan las competencias de las demarcaciones hidrográficas y puede afectar a la eficiencia, racionalidad y equidad que deben regir la administración del dominio público hidráulico.
Del mismo modo, la Generalitat considera erróneo el uso que el Gobierno central ha hecho de la figura del Decreto-ley, y critica el modo en el que se ha modificado la ley de Aguas, queriendo que pasara desapercibido mediante un Real Decreto aprobado con prisas y sin ser sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua, ni del Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni contando con la opinión de los regantes y el resto de administraciones afectadas.
Así, el Consell lo que reclama es mantener el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas, especialmente de las cuencas intercomunitarias, y la adopción por parte del Estado de una política de carácter nacional que responda a las necesidades del conjunto de agricultores y usuarios de todo el país, y que garantice la llegada de agua a cualquier punto de España donde se necesite.
