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El Consell exige a la UE que las ayudas contemplen el 100% de las pérdidas, todos los productos afectados y el precio de mercado anterior a la crisis

  • Maritina Hernández considera insuficiente el presupuesto de 210 millones que propone la Comisión Europea para compensar al sector hortofrutícola por la crisis de la E.coli

  • La consellera señala que la propuesta de la Comisión implica que el agricultor asuma el coste de una crisis que no ha generado

  • “El procedimiento para acceder a las ayudas no puede excluir a ningún sector ni operador afectado”

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha calificado como insuficiente el presupuesto que propone la Comisión Europea para compensar al sector hortofrutícola por la crisis derivada de la contaminación por E.coli en Alemania y ha exigido a la Unión Europea que las ayudas a los agricultores “alcancen el 100% de las pérdidas y que el procedimiento para acceder a ellas no excluya a ningún sector ni operador afectado”.

La consellera se ha referido así a la propuesta de la Comisión Europea presentada al Consejo de Ministros de agricultura de la Unión Europea que según los términos planteados “implica que el agricultor asuma los costes de una crisis que no ha generado, y que se debe a la irresponsabilidad de las autoridades de Hamburgo y del propio gobierno federal de Alemania”.

En concreto, la titular de Agricultura del Gobierno Valenciano ha reclamado que, de acuerdo a las necesidades planteadas por el conjunto de operadores del sector en las diferentes reuniones mantenidas desde el inicio de la crisis, se habilite un presupuesto suficiente para que las compensaciones se ajusten al perjuicio causado y contemplen todos los productos afectados ya que, además del pepino, tomate, lechuga, pimiento o calabacín, en la Comunitat Valenciana se han visto afectadas la práctica totalidad de hortalizas y otros alimentos como el níspero, la fruta de hueso y algunas partidas de melón.

En este sentido, ha señalado que “se trata de productos afectados por la paralización de la demanda en buena parte de Europa y, por tanto, están provocando excedentes y acumulación en los almacenes hortofrutícolas de la Comunidad. Son partidas que no van a tener destino para comercialización en fresco por la caída del consumo o que pueden tener dificultades para soportar el proceso de distribución hasta el punto de venta en las adecuadas condiciones de calidad”.

“Por tanto –ha añadido- además de las hortalizas es necesario que se contemple la posibilidad de retirar del mercado fruta, y que la compensación por la retirada se aplique para la semana de la crisis y para un periodo posterior que permita la normalización de los mercados”.

En cuanto al precio de retirada, la Comisión plantea una ayuda que se aleja bastante de compensar con el valor de los precios de mercado, y que además no tiene en cuenta el coste de la confección, el transporte y el mantenimiento en cámaras. “Desde la Generalitat mantenemos la exigencia de que la retirada se haga al precio de mercado existente antes de la crisis”, ha explicado Maritina Hernández.

Respecto al procedimiento que se establezca para acceder a estas ayudas, la consellera ha insistido en que debe ser “sencillo y ágil para que el daño causado sea resarcido en el menor tiempo posible, y que puedan acceder a ellas todos los sectores y operadores afectados, sin exclusiones”.

En este punto se ha mostrado contraria a la posición de la Comisión que diferencia entre agricultores adscritos a una organización de productores y los que no están. “No se puede priorizar económicamente a los productores que pertenezcan a estas organizaciones a la hora de compensarles por las pérdidas derivadas de una crisis que no se produce como consecuencia de un desequilibrio entre oferta y demanda, sino debido a una actuación irregular de algunas administraciones europeas. La compensación debe ser para todos igual”, ha explicado.

La Generalitat ha trasladado al Gobierno central su postura respecto al planteamiento realizado por la Comisión Europea y le ha demandado “firmeza y contundencia en la defensa de los intereses del sector hortofrutícola español, sin cesiones, puesto que nuestros productores, cooperativas y empresas no deben pagar por una situación creada por unas acusaciones infundadas y sin base científica, que han perjudicado gravemente la imagen de nuestros alimentos en los mercados internacionales”.

“Por ello, además de las indemnizaciones, es urgente que se ponga en marcha ya una campaña para restituir la imagen y el prestigio de los productos hortofrutícolas españoles y recuperar la confianza del consumidor, porque es la única manera de normalizar la situación. Y el Gobierno de España tiene que obtener de la UE o de Alemania los fondos para financiar esta campaña”.

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