El Consell destina 45 millones de euros en 2019 para garantizar la asistencia jurídica gratuita
El Consell ha aprobado los convenios de colaboración con los Consejos Valencianos de Colegios de Abogados y de Procuradores a través de los cuales el Gobierno valenciano destinará 45 millones de euros en 2019 para garantizar la asistencia jurídica gratuita, un 17% más que el pasado año.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que esta subvención va destinada a garantizar "una obligación constitucional" como es el acceso a la justicia, la representación del turno de oficio, la asistencia letrada y el funcionamiento de los servicios de orientación jurídica y formación "en igualdad de condiciones para todos y todas".
De este modo, a través de estos convenios se concede una subvención por valor de 39 millones de euros al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y de 6 millones de euros al de Procuradores para indemnizar todas estas actuaciones.
Oltra ha hecho hincapié en que la cifra para 2019 "duplica la cuantía que se destinaba en 2015", lo que "pone de manifiesto el firme propósito del Gobierno del Botánico con un servicio público esencial como es la asistencia jurídica gratuita".
Asimismo, la vicepresidenta ha puesto de relieve los avances en el buen funcionamiento del turno de oficio "con la dignificación de la remuneración de sus letrados y letradas en la Comunitat, que en abril de 2018 recuperaron y superaron el nivel retributivo que tenían hace 12 años cuando fue congelado y posteriormente recortado por el anterior gobierno".
La vicepresidenta ha destacado también que la Comunitat Valenciana es "la única comunidad de España donde a las víctimas de violencia de género se les asiste por parte de procurador o procuradora desde la presentación de la denuncia, no solamente desde la apertura del juicio oral, que es que es cuando la ley marca que es preceptiva la presencia de procurador o procuradora".
De este modo, según ha explicado Oltra, se evita que la mujer víctima de violencia de género "tenga que estar pendiente de los trámites de los plazos del poder judicial".
