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El Consell denuncia que el Gobierno legisla en contra de una política de carácter nacional que aporte soluciones al problema del agua

  • La Consellera se reúne con el presidente y directiva de la Acequia Real del Júcar

  • El Real Decreto aprobado por el Ejecutivo para modificar la ley de Aguas rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas

  • La Consellera asegura que esta decisión genera inseguridad en la gestión de los recursos y tensiones territoriales entre comunidades

La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha denunciado que el Gobierno “ha vuelto a legislar quebrando el principio de unidad de gestión de las demarcaciones hidrográficas, demostrando de nuevo una nula voluntad para afrontar la cuestión del agua desde una perspectiva nacional, con soluciones justas, y con una gestión eficaz”.

Maritina Hernández se ha pronunciado en estos términos tras la reunión que ha mantenido hoy con el presidente de la Acequia Real del Júcar, José Manuel García de la Cuadra, su directiva y en la que se ha abordado el Real Decreto publicado por el Gobierno a finales del mes de agosto y que modifica la ley de Aguas.

La Consellera ha señalado que el Real Decreto “atenta contra lo que siempre han defendido los regantes y la administración valenciana que es la unidad de gestión de los recursos hídricos, especialmente de las cuencas intercomunitarias, y la adopción por parte del Estado de una política de carácter nacional que responda a las necesidades del conjunto de agricultores y usuarios de todo el país”.

En este sentido, tanto el Consell como los propios regantes consideran que “el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran.

Así, ha destacado que la norma “fragmenta las competencias de las demarcaciones hidrográficas y puede afectar a la eficiencia, racionalidad y equidad que deben regir la administración del dominio público hidráulico”.

Del mismo modo, han subrayado que se sobrepasa el límite de la Constitución ya que las materias del agua y del dominio público hidráulico, por su propia naturaleza son conflictivas y genera tensiones territoriales, por lo que no son susceptibles de transferencia ni delegación. En los casos en los que los sistemas hidráulicos afectan a dos o más comunidades autónomas se podría producir una diferente interpretación y aplicación del decreto, generándose agravios comparativos.

De espaldas a la opinión pública y sin someterse a la consideración del Consejo Nacional del Agua y los regantes
La Consellera ha criticado el modo en el que el Gobierno ha modificado la ley de Aguas, queriendo que pasara desapercibido mediante un Real Decreto aprobado con prisas y sin ser sometido a la consideración del Consejo Nacional del Agua, ni del Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni contando con la opinión de los regantes y el resto de administraciones afectados.

En este sentido, ha señalado que desde la Generalitat ya se ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que no haga dejación de sus funciones y que ejerza un verdadero liderazgo y una política nacional en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, que garantice la llegada de agua a cualquier punto de España donde se necesite.

 

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