El Consell aprueba la creación y digitalización de una base datos de vivienda protegida
El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) para la digitalización y creación de una base de datos de vivienda protegida.
El objetivo es digitalizar los libros de registro de expedientes de viviendas de protección oficial de planes de vivienda ya extintos: de viviendas subvencionadas (desde 1958 hasta 1970), libros de registro VPO (desde 1979 hasta 1995) y fichas (desde 1969 hasta 1995), de acuerdo con las directrices de la Comisión de Seguimiento.
También se creará de una base de datos de vivienda de protección oficial a partir de la información contenida en los libros y fichas anteriormente indicados. Esta base de datos consistirá en la incorporación de la información en un archivo de una herramienta ofimática.
Actualmente, gran parte de la documentación se encuentra en formato físico de papel en los archivos de los servicios territoriales, que constan de libros de registro de viviendas subvencionadas (desde 1958 hasta 1970), libros de registro VPO (desde 1979 hasta 1995) y fichas (desde 1969 hasta 1995).
La tramitación de expedientes en la aplicación de vivienda se hace desde el año 1992, con el que pueden extraerse los datos necesarios directamente de la aplicación.
Instituto Valenciano de Servicios Sociales
El IVASS tiene como misión proporcionar a las personas con diversidad funcional, con diferentes necesidades, la atención social y los apoyos necesarios para su desarrollo integral en la sociedad.
Entre sus funciones, está la de ejecutar las actuaciones de inserción social y laboral para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia o en riesgo de exclusión social y la realización de acciones para favorecer y facilitar el acceso a la ocupación a las personas con diversidad funcional.
Las personas con diversidad funcional son uno de los grupos vulnerables de la sociedad. Tienen que enfrentarse a las mismas dificultades que el resto de las personas con la particularidad que estas presentan, factor que limita o impide sus posibilidades de ocupación u ocupación, porque la discapacidad supone, en sí misma, causa de exclusión para el trabajador en el mercado en general y en el encomendero en particular.
El acuerdo entrará en vigor a partir de la firma y su plazo finalizará el 31 de diciembre de 2026.
