El TSJ condena al ex conseller Rafael Blasco a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación
La sentencia también manda prisión para el presunto cabecilla de la trama Tauroni
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al ex conseller de Solidaridad de la Generalitat Valenciana y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar dinero de ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua, según figura en el fallo que ha dictado el alto tribuna valenciano.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba hasta 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco.
La Generalitat, personada como acusación particular, reclamaba 11 años y medio de cárcel para el ex conseller, mientras que el PSPV pedía 15.
Para los demás acusados, la Fiscalía planteaba entre los cuatro y los 13 años, mientras que las otras acusaciones reclamaban entre cuatro años y medio y once de prisión.
Rafael Blasco mantuvo su inocencia hasta el último día del juicio, en el que hizo uso de su última palabra para defender que "siempre" había estado al lado de la ley, y criticó que la Generalitat le acusase cuando siempre le defendió y avaló su gestión”.
El tribunal también ha condenado a Tauroni a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación; y a la ex secretaria general de la vonselleria Tina Sanjuán a 7 años, seis meses y un día de cárcel.
Así mismo, el ex subsecretario de la conselleria Alexandre Català cumplirá 4 años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.
Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de 3 años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de 4 años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, 3 años y seis meses.
El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete años de inhabilitación.
El fallo se corresponde con la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigaban presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por la desaparecida conselleria a la Fundación Cyes en 2008.
En ese año recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron 43.000 euros. El resto del pecunio se destinó a comprar inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.
