La Comunitat lidera la oposición de las autonomías al nuevo cheque de formación que quiere implantar el Gobierno Central
La Conselleria de Economía Sostenible, a través del Servef, ha redactado un manifiesto de oposición al Real Decreto que desarrolla la Ley de Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral al que se han adherido diez comunidades autónomas.
Así, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Catalunya, Extremadura, Illes Balears, Navarra/Nafarroa y el Principado de Asturias han firmado conjuntamente un comunicado en el que lamentan que el Gobierno Central haya desarrollado la ley "de manera unilateral".
El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha explicado que el Gobierno ha aprobado este reglamento "sin abrir de un proceso de negociación que hubiera permitido la participación activa de las comunidades autónomas para consensuar el despliegue de las medidas propuestas".
Uno de los aspectos que más oposición ha encontrado por parte de las autonomías es el denominado "cheque de formación". Nomdedéu ha denunciado que esta medida no ha sido "ni consensuada ni dialogada con las agentes sociales ni con las autonomías que son las que tenemos que llevarla a la práctica".
Según las autonomías que han firmado el manifiesto, "el cheque de formación profundiza en la privatización de la formación para desempleados, trasladando al usuario y al sector privado la responsabilidad de las administraciones públicas de configurar una oferta formativa atractiva y ajustada a las necesidades del tejido productivo en cada territorio".
Asimismo, el responsable de Empleo ha trasladado al Ministerio que el nuevo reglamento deja a las comunidades autónomas en una situación de "indefensión e inseguridad jurídica" ya que, como ha explicado, "se reservan demasiadas materias para su posterior desarrollo".
Se trata de aspectos significativos para las autonomías, como la cuenta de formación, el catálogo de especialidades formativas, el registro estatal de entidades de formación, la teleformación o las subvenciones para la financiación de la formación.
"No entendemos -ha resumido Nomdedéu- que el Gobierno haya tardado dos años para desarrollar una Ley si no lo haya consultado ni con los agentes sociales ni con las autonomías que deben de poner en práctica esa normativa".
