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La Comunidad Valenciana ha recibido 45.641 millones del Estado desde 2012

  • Supone el 22,5% del total de recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas, lo que la convierte en la segunda que más se ha beneficiado de estos mecanismos del Gobierno

  • Este dinero ha tenido efectos beneficiosos para la economía real de la Comunidad Valenciana, cuyos proveedores han recibido directamente 19.691,8 millones de euros hasta el cierre de agosto

  • l 75,6% de los gastos de proveedores de la Comunidad Valenciana en este periodo se han destinado a pagar servicios públicos fundamentales, principalmente la Sanidad

La Comunidad Valenciana ha recibido, entre el año 2012 y el tercer trimestre de 2016, 45.641,4 millones de euros, contando todos los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado. Esta cifra representa el 22,48% del total de recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas en este periodo, lo que la convierte en la segunda comunidad que más fondos percibe. De este importe, 34.042,5 millones corresponden a los mecanismos extraordinarios de financiación.

Además de permitir financiar vencimientos de deuda en un contexto de mercados financieros prácticamente cerrados, los mecanismos adicionales de financiación han tenido efectos beneficiosos para la economía real de la Comunidad Valenciana, cuyos proveedores, incluyendo entidades locales, han recibido directamente a través de estos mecanismos 19.691,8 millones de euros hasta el cierre de agosto.

Debido a la distribución del gasto en servicios fundamentales en la Comunidad Valenciana, el 61,4% del gasto de proveedores va destinado a Sanidad; un 7,7% va destinado a Educación; otro 6,5% va a Servicios Sociales, y el 24,4% al resto. Esto supone que el 75,6% de los gastos de proveedores entre 2012 y agosto de este año se ha destinado a servicios públicos fundamentales.

La existencia de estos mecanismos, que permiten afrontar el pago de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas, y las modificaciones legislativas implantadas para reducir el periodo de pago a los proveedores de servicios públicos ha rebajado el periodo medio de pago a proveedores (PMP) en el conjunto de las Comunidades Autónomas españolas. No obstante, en el caso de la Comunidad Valenciana, el PMP se sitúa en el mes de junio en 63,78 días, mientras que la media de las Comunidades Autónomas es de 46,49 días.

Por otra parte, la Comunidad dispondrá en 2016 de 9.190,22 millones de euros en concepto de recursos del Sistema de Financiación sujetos a liquidación. Esto supone un incremento de 1.021,9 millones de euros respecto al año anterior. Uno de los motivos de este incremento está en el hecho de que la liquidación del año 2014 que se realiza en 2016 es muy superior a la que se realizó en 2015 respecto a las entregas a cuenta de 2013, concretamente 1.314,98 millones frente a 684,42 millones, es decir, 630,56 millones más. Este aumento es fruto de que la economía y la recaudación han mejorado más de lo previsto. Incluso, como dato novedoso, se produce un incremento no esperado de 69,77 millones de euros de la liquidación definitiva del año 2014, que se realiza este año, respecto de la previsión de liquidación que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

Ahorros para la Comunidad Autónoma

Los ahorros para el año 2016, derivados de las medidas adoptadas por el Gobierno de reducción de costes financieros de los préstamos formalizados con cargo a mecanismos adicionales de financiación a Comunidades Autónomas, se estiman en 620,85 millones de euros. Si tenemos en cuenta el total de medidas que permiten una reducción de costes financieros a Valencia, el ahorro de intereses de 2016 ascendería a 1.649,17 millones de euros. Asimismo, si consideramos todo el plazo de las operaciones formalizadas con cargo a los mecanismos adicionales de financiación a CCAA, el ahorro ascendería a 10.971,38 millones de euros.

El origen de los mecanismos de financiación

Hay que recordar que todos estos mecanismos de financiación fueron puestos en marcha por el Gobierno de España desde el año 2012, cuando el Estado decidió adoptar distintas medidas con el objetivo de reducir los volúmenes de deuda comercial de las Administraciones Territoriales en el marco de las tres fases del denominado Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a través de los fondos liberados por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. En paralelo, se aprobaron nuevas regulaciones que pretenden reducir de una manera estructural los períodos de pago a los proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

El progresivo agravamiento del problema de impagos de las Administraciones Territoriales a sus proveedores de bienes y servicios desde 2004, producto de una caída sostenida de sus ingresos unido al incremento de los gastos, lo cual determinó que las necesidades de financiación de dichos ejercicios se cubrieran mediante la formación de un importante stock de deuda comercial.

• El contexto económico y financiero nacional e internacional existente en dicho momento, el cual impedía o dificultaba a las Comunidades Autónomas acudir a los mercados financieros para obtener la financiación necesaria.

La puesta en marcha de los mecanismos adicionales de financiación de Comunidades Autónomas (CCAA), en aplicación de la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) ha facilitado una elevada liquidez a las administraciones territoriales a unos costes muy reducidos, en un período de crisis económica que requería unas mayores necesidades de financiación y en un entorno de fuerte inestabilidad en los mercados financieros, que mostraban una especial desconfianza hacia la situación de la mayoría de las comunidades autónomas. Esto les impedía, e en muchos casos, acceder a financiarse y en otros les exigían costes muy elevados que ponían en riesgo la sostenibilidad financiera de las mismas.

La puesta en marcha de estos mecanismos ha supuesto mayores necesidades de financiación del Tesoro del Estado, que ha quedado reflejado en un incremento de la deuda pública. Este crecimiento de la deuda pública es resultado de la financiación de la deuda comercial acumulada de ejercicios anteriores.

El nuevo marco normativo de estabilidad presupuestaria (la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Ley Orgánica de deuda comercial, la Ley Orgánica de creación de la AIREF, y la Ley de racionalización y sostenibilidad local), junto con la condicionalidad asociada a los mecanismos extraordinarios de liquidez, han fortalecido los incentivos que tienen las Administraciones Territoriales para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La situación de la Comunidad Autónoma

Por otra parte, hay que destacar que el mercado laboral de la Comunidad Valenciana ha mostrado una importante mejora desde el comienzo de la recuperación de la ocupación en España en el segundo trimestre de 2016. Los afiliados a la Seguridad Social en la región han aumentado en 2015 en mayor proporción que los de la media nacional, situándose en un 4,1% frente al 3,2% nacional. El dato para agosto de 2016 refleja que la evolución es pareja a la media nacional, situándose en el 3,7% frente al 3,9% nacional.

Esto es coherente con el crecimiento económico que la Comunidad Valenciana ha tenido en los años 2014 y 2015, con aumentos del PIB real del 1,9% y del 3,6% respectivamente (1,4% y 3,2% de media nacional).

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