La Comunidad se sitúa en el último lugar en la aplicación de la Ley de Dependencia

La Comunidad Valenciana se sitúa, junto con la Canaria, en el último lugar en la escala de aplicación de la Ley de Dependencia, con una nota de 0 sobre 10. Así se desprende del análisis que elabora el Observatorio Estatal para la Dependencia, cuyo dictamen número 16 ha presentado este jueves en Valencia el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España Jose Manuel Ramírez Navarro.

Al acto, celebrado en auditorio del Jardín Botánico de Valencia, han acudido, entre otros, la senadora de Podemos por les Corts Valencianes Pilar Lima, la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal Sandra Casas, la Directora General de Servicios Sociales Mercé Martínez, o el Director General de Planificación, Ordenación, Evaluación y Calidad Gustavo Zaragozá.

El documento, que se elabora a partir de datos oficiales y que se viene aplicando con la misma metodología desde el año 2008, arroja datos muy desfavorables para la Comunidad Valenciana. Según el análisis realizado, sólo el 0,87% de la población valenciana recibe atención, muy por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 1,72%. Esto significa que una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de recibir alguna prestación o servicio si reside en la Comunidad Valenciana que si reside en cualquier otra.

Durante la presentación del informe, Ramírez ha destacado que para alcanzar la media nacional el Sistema debería duplicar el número de beneficiarios actual, 43.297. “El Limbo de la Dependencia alcanza en la Comunidad Valenciana el 37%. 25.565 personas se encuentran en la lista de espera, más otras 18.278 solicitudes aún por valorar”. Además, el gasto por
habitante es también muy inferior al de la media estatal, situándose en los 59,33 euros, frente a los 113,15 del resto del Estado.

También la capacidad del Sistema para generar empleo es de 23 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, muy por debajo de los 35 de media estatal. En los últimos meses se han generado más de 1.100 puestos de trabajo estables, directos y no deslocalizables y se ha conseguido un retorno de casi 100 millones de euros (en cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc.)

UNA GESTIÓN “NEFASTA” 

Estos datos se deben a lo que Ramírez ha calificado como una gestión “nefasta” por parte del gobierno valenciano, y de los recortes producidos en la anterior legislatura por parte del Ministerio: los recortes en la financiación estatal de la dependencia aprobados por el Real Decreto de 20/2012 han supuesto para la Comunidad la pérdida de unos 30 millones anuales. El ministerio sólo aporta el 19% de la financiación pública cuando por Ley debe aportar el 50%.

El dato positivo es que desde hace unos meses, con el nuevo Gobierno de la Comunidad, tras varios años consecutivos de descenso en los principales indicadores de gestión, se registra un incremento en solicitudes, valoraciones, y personas atendidas. Ramírez ha manifestado su esperanza en que el incremento en los presupuestos de servicios sociales de la Generalitat en 2016, puedan ir compensando estos recortes y acercar el gasto de la Comunidad a la media estatal, mejorando sus niveles de cobertura y de atención.

A pesar de ello, para Ramírez, “es urgente valorar las 18.278 solicitudes que anteriormente ni siquiera reflejaban las estadísticas oficiales. Se calcula que 14.440 obtendrán un grado de dependencia que generará el derecho.” En el mes de febrero se redujo esta lista de espera de valoración en 1.081.

Según ha afirmado el Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la reconstrucción del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), con una inversión “inteligente y sostenible” aún tardaría al menos una legislatura entera.

NUEVE AÑOS DESPUÉS

Respecto a los datos a nivel estatal, el XVI Dictamen del Observatorio también aporta datos bastante negativos. En España hay más de un millón de personas (1.180.435) en situación de dependencia reconocida (cifra que ha descendido en 100.000 personas desde finales de 2011). Sin embargo, actualmente, tras nueve años de implantación de la ley de Dependencia, un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención, a pesar de tener derecho a ello. En los últimos cuatro años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios superó las 125.000.

Para el Observatorio, esta situación es producto de las medidas adoptadas por el último Gobierno, que frenaron en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y principios de 2015. “El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las comunidades autónomas por los recortes en su financiación, a pesar de la rebaja de sus costes, supera los 900 millones de euros desde 2012 a finales de 2015”. 

Además, el informe denuncia que el Gobierno ha incumplido la ley reguladora de la jurisdicción social, al no transferir los asuntos judicializados al orden de lo social. Así, “las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en procedimientos contenciososadministrativos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas”.

No obstante, a partir de la segunda mitad 2015, se observan incrementos significativos de personas atendidas, coincidiendo con la entrada al sistema de todos los dependientes con Grado I. Para los autores del documento, “habrá que valorar más adelante si se trata de un espejismo provocado por la entrada masiva de expedientes de Grado I que ya estaban
siendo atendidos por los servicios sociales normalizados, o si realmente –ojalá- hay un cambio de tendencia.”

COSTE DE OPORTUNIDAD

Los autores del estudio destacan las consecuencias que para las arcas del estado puede tener la total implantación de la Ley y su cumplimiento: si se atendiera ya a las 384.000 personas que se encuentran en espera se generarían más de 90.000 nuevos empleos directos. Para ello se ha estimado un incremento de gasto público de 2.643 millones de euros, de los que el erario público recuperaría alrededor de 1.012 millones de forma casi inmediata. 

En 2015 el sector generó un total de 35 empleos directos estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público, frente a los 27 estimados en 2011. De cada 100 euros invertidos en dependencia, más de 38 retornaron en forma de beneficio económico. Por último, según destaca el informe, “sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica”.