Compromís reclama desde el Senado al Gobierno una estrategia de planificación de las plantas de energías renovables

El sector de las energías renovables parece que seguirá la ruta prevista y se resolverán las solicitudes planteadas, a pesar de la crisis a la que nos pueda llevar el coronavirus. Invertir en renovables seguirá siendo una opción de negocio a pesar del parón que están viviendo los proyectos en trámite. El sector confía en que todo se retome una vez remita el virus y acabe la cuarentena.

“Parece existir una fiebre de solicitudes en Red Eléctrica que, a 29 de febrero ya había otorgado 111,5 GW de eólica y fotovoltaica, más del triple de la potencia instalada en la actualidad. Algunas autonomías como la valenciana, están entre los planes de implantación de mucha de la potencia que se prevé instalar en nuestro país, lo que puede implicar unas importantes afecciones de todo tipo sobre el territorio y romper el equilibrio territorial”, ha indicado Mulet.

Algunas de estas plantas son descomunales y afectan superficies enormes, algunas de las cuales, con un alto valor paisajístico, agrícola y memorialístico, como por ejemplo en el caso de Monòver donde un proyecto de Capital Energy se ubicaría en el Fondó, en las inmediaciones del aeródromo desde el que partieron al exilio los últimos integrantes del Gobierno republicano. “Tenemos en la retina otros procesos y proyectos energéticos como el Castor donde la empresa dirigía a la administración en el proceso de tramitación con las consecuencias sabidas donde acaban siendo los ciudadanos y la administración quienes acaban indemnizando a empresas privadas, de forma que consideramos necesario y urgente que se revierta la situación y sea la administración de forma coordinada con las autonomías quienes establezcan las condiciones para evitar efectos territoriales indeseados o una carrera desenfrenada de rebajas y beneficios que pueden acabar teniendo resultados contraproducentes”, ha dicho Mulet. Así ha citado como ejemplo que mientras uno de los proyectos presentados en la provincia de València tiene previsto crear seis puestos de trabajo, la información facilitada por Capital Energy para el parque alicantino prevé 967 empleos directos en la fase de construcción y 129 una vez esté operando. “Una diferencia radical”, ha resaltado el senador de designación autonómica de Compromís, Carles Mulet, que ha reclamado “rigor y hacer las cosas bien” a la administración central que tramitará estos proyectos con una mayor capacidad de producción.

Las leyes avanzan en las distintas autonomías. Así, gobiernos autonómicos como el valenciano han ido tomando medidas en sus leyes territoriales de cara a facilitar la instalación de plantas generadoras en suelo no urbanizable común que se consideren estratégicas para alcanzar sus objetivos energéticos. En tal caso, previa declaración del interés económico estratégico por las consellerias competentes en medio ambiente, territorio y economía, y con los informes favorables en materia de territorio y paisaje, u otros informes sectoriales que resultaran necesarios, se tramitarían mediante licencias municipales (siempre y cuando existiera compatibilidad urbanística para ello sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico). Mientras, otros como el de Andalucía han regulado para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que identifica "la necesidad de agilizar y simplificar determinados procedimientos administrativos en materia energética, medioambiental, de salud y de ordenación del territorio y urbanismo".

Para ello, para infraestructuras hidráulicas, energéticas y minas eliminan los planes especiales y los proyectos de actuación que deberían evaluarse por las administraciones autonómicas (evaluación ambiental estratégica los planes especiales como cualquier instrumento urbanístico y evaluación de impacto ambiental los proyectos), para reducirlo a un informe de compatibilidad urbanística que darían los ayuntamientos. El sector energético está pidiendo este mismo tipo de tratamiento en distintas autonomías.

Mulet, que ha manifestado su apoyo a este tipo de fuentes renovables, ha reclamado un informe al Gobierno y conocer cual va a ser la estrategia del Gobierno ante los proyectos que están llegando, teniendo en cuenta que las competencias de ordenación del territorio son autonómicas e intersectan en estas implantaciones y cómo está evaluando el Ministerio una distribución equitativa en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de más de 50MW que está tramitando.

El senador propone medidas y una distribución “racional” de estas plantas en las zonas más idóneas “para evitar la especulación que se está viviendo con intermediarios de por medio y que las rebajas de algunas autonomías acaben perjudicando el territorio o los ingresos que las administraciones puedan obtener”.