Compromís presenta en el juzgado de guardia una denuncia por prevaricación contra el Consell por la maniobra para controlar RTVV

El grupo parlamentario Compromís presentó anoche, en el juzgado de guarida, una denuncia por vía penal contra el Consell por entender que hay prevaricación en la maniobra realizada por el gobierno del PP para recuperar el control de RTVV.

Esta denuncia, dirigida a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV por estar aforados los miembros del Consell, ha sido firmada por los seis diputados de Compromís en Les Corts y se suma a las acciones judiciales iniciadas por la coalición con la presentación de un recurso contencioso-administrativo por el nombramiento de nuevos consejeros de RTVV.

Según ha asegurado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “después de revisar todo el procedimiento realizado por el Consell en los últimos días en torno a RTVV hemos podido comprobar que el gobierno valenciano en su afán por recuperar el control del ente público ha cometido una serie de irregularidades en las que nosotros consideramos que hay delito”.

La denuncia de Compromís señala que “el 7 de noviembre de 2013 el Consell, con posterioridad a promulgar el Decreto Ley 5/2013, constituido en Junta General de la mercantil RTVV, SA nombró 5 miembros del Consejo de Administración y designó al director general del mismo. Este nombramiento lo hace el Consell sin que se haya producido el traspaso de poderes de la Junta General, que actualmente, como reconoció ayer el Vicepresidente Císcar en rueda de prensa (*se adjunta audio) está constituida por el Consejo de Liquidación del ente. Por lo tanto se produce un nombramiento de cargos públicos, los consejeros de RTVV, SAU, por un órgano manifiestamente incompetente para ello, puesto que el propio Decreto Ley 5/2013 de 7 de noviembre establece como órgano de la mercantil a la Junta General, sin más, habiendo eliminado minutos antes el propio Consell al aprobar el Decreto Ley, la previsión de la Ley 3/2012, de 20 de julio, cuyo artículo 10 establecía que la Junta General estaba constituida por el Consell”.

En definitiva, el propio Consell se inhabilitó como Junta General con la aprobación del Decreto Ley y minutos después se erigió en Junta General, sin cobertura legal para ello, nombrando a los nuevos consejeros y director general, sin que en el tiempo transcurrido entre un acto y otro pudiera haberse producido un traspaso de poder de la Junta de Liquidación constituida en Junta General, al Consell para que este pudiera legalmente constituirse en Junta General de la sociedad mercantil.

¿Cuál es la motivación del Consell para esta serie de cambios legislativos? Al dimitir los consejeros en su día propuestos por el PP el Consejo de Administración quedó constituido por consejeros nombrados por otros partidos no afines al Consell. La urgencia del gobierno valenciano de recuperar la posibilidad de control sobre los órganos directivos, les llevó mediante el Decreto Ley 5/2013 a eliminarse como Junta General en la Ley 3/2012 para que no hubiera duda de que la Junta General estaba constituida por la Junta de Liquidación. Así las cosas, los liquidadores se personaron en las instalaciones de TVV de Burjassot y les dijeron a los miembros del Consejo de Administración que no podían actuar y que la representación la ostentaban ellos como Junta General y únicos accionistas. Testigos de ello son los miembros del Consejo de Administración, entre ellos, el elegido a propuesta de Compromís Rafael Xambó. La improvisación, los nervios de que RTVV estuviera emitiendo de manera libre y sin presiones políticas llevó al Consell constituido en Junta General, al nombramiento de los nuevos consejeros y del nuevo director, en fraude de ley para burlar las mayorías cualificadas que la Ley 3/ 2012 exige para el nombramiento de dichos miembros. Sus propias triquiñuelas legales les llevaron a llegar cometer el ilícito penal que denunciamos.

El hecho de que no se haya producido el traspaso de poder de la Junta General (Junta de Liquidación) al Consell, sitúa a los miembros del Consell que participaron en la decisión y a los consejeros nombrados que hubieren aceptado el cargo en el ilícito penal, dado que se constituyeron en Junta General sin poder serlo, al establecer la legislación expuesta que la Junta General está constituida por el Consejo de Liquidación de RTVV usurpando de esta manera una potestad ajena y procediendo a unos nombramientos sin los requisitos legales y adoptando una resolución a sabiendas de su injusticia.

Según ha explicado Oltra “el gobierno valenciano se ha arrogado un poder que no tiene y esto está tipificado en el Código Penal en los artículos 404, 405 y 406 con penas de inhabilitación y de prisión. Entendemos que hay un delito de prevaricación, un delito de nombramiento de cargo público sin los requisitos legales necesarios y estos son delitos graves contra la administración pública que hemos llevado al juzgado de guardia”.

Esperamos que los tribunales investiguen estos hechos en los que los miembros del gobierno valenciano que participaron de esta decisión y las personas que aceptaron el cargo de consejeros de RTVV son los que estarían afectados por este delito y por lo tanto los que deberían responder ante la justicia.

“Las prisas son malas consejeras y en este caso no han podido soportar el ansia que les ha producido ver que había unos informativos en la radio televisión pública que por primera vez en más de 20 años les criticaban. De esa manera el gobierno del PP ha entrado en una espiral de improvisación y prisa que le ha llevado a cometer una irregularidades tales que han sobrepasado el fraude de ley y desde Compromís creemos que ya están en el ámbito del delito”, ha concluido Oltra.