Compromís pide que el Consell dé la cara con los proveedores y confirme la deuda que tiene con ellos
Enric Morera propone que, ya que el Consell no puede pagar en tiempo y forma, que por lo menos haga una línea de “confirming” para favorecer la liquidez de los proveedores
El parlamentario valencianista asegura de que la política económica de Camps “es una copia provinciana de la de Zapatero, una máquina perfecta de creación de desempleo, cierres de empresas y largas colas de parados”
“No se crea confianza si no se paga lo que se debe. La Generalitat debe pagar a los proveedores que tienen atrasadas sus facturas y que tienen sus empresas en peligro e hipotecadas por la falta de liquidez del Consell”. Ese es el mensaje de preocupación que ha lanzado el síndic del grupo Compromís, Enric Morera (BLOC) esta mañana.
Según el portavoz valencianista, “el gobierno valenciano no puede esperar ni un día más a ver como cierran empresas que tienen facturas pendientes con la administración de la Generalitat, la propuesta de Compromís va dirigida a que el gobierno de Camps haga alguna cosa, y que no pase un día más sin hacer nada, porque la situación es muy preocupante”.
Morera ha coincidido con el portavoz del PP, Rafael Blasco en que el gobierno “genera desconfianza en los ciudadanos, en los empresarios y largas colas a las oficinas de empleo, pero nos referimos al gobierno de Camps, que últimamente viaja más al extranjero que el ministro de Asuntos Exteriores como si todo la que paso aquí no le importara lo más mínimo”.
“La realidad de la sociedad valenciana, a fecha de hoy, es que con el anuncio de los pregonados Planes Confianza y sus variantes, no se crea empleo, no se crea riqueza y no se crea progreso real y efectivo para nuestra tierra. La política económica de Camps es una copia provinciana de la de Zapatero”, según palabras del también secretario general del BLOC.
En lugar de prometer en la televisión propagandística “una lluvia de millones que nadie se cree, lo que debería de hacer el presidente Camps es poner en práctica la ley sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004 de 29 de diciembre), que obliga a las administraciones públicas a pagar con un máximo de 60 días, cosa que en la actualidad es una misión imposible”.
