Compromís lleva al Senado una moción para ayudar a las víctimas de robos de recién nacidos durante la postguerra como pide Amnistía Internacional
La iniciativa pide dar respuesta a estos procesos de búsqueda y acompañamiento a las víctimas. Reclama una reforma del Código Penal para que no prescriban estos delitos
Compromís ha registrado hoy en el Senado una Moción que reclama al Gobierno profundizar en cambios normativos que contribuyan a poner fin al sufrimiento de las víctimas de robos de recién nacidos, tal y como reclama Amnistía Internacional. En el informe “Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados”, la ONG denuncia la falta de respuesta por parte del Estado a quienes llevan décadas buscando los llamados “bebés robados”, lo que acrecienta un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos.
El senador de Compromís y miembro de la Comisión de Justicia, Carles Mulet, ha indicado que “es hora ya que el Gobierno ponga solución a este problema al que no se le ha prestado la suficiente atención. Como padres no se nos ocurre algo más horroroso que nos pudieran arrebatar a un hijo, como lamentablemente ocurrió a muchas mujeres en los años de la Dictadura y hasta relativamente hace pocos años. Por lo que no queda más que contribuir a identificar a las víctimas de apropiación, desaparición forzosa y sustitución de su identidad y reformar el Código Penal para que no prescriban los plazos para los afectados”.
La normativa específica, planteada en la moción por AI, señala que el Ejecutivo deberá establecer un mecanismo de coordinación de los procedimientos de búsqueda; una base de datos centralizada que integre las muestras genéticas de los casos denunciados y las bases de una asistencia integral a las víctimas, con orientación jurídica, acompañamiento psicosocial.
La investigación de AI se ha desarrollado a nivel estatal, si bien ha prestado especial atención a algunas Comunidades Autónomas, en particular a Andalucía, Comunidad de Madrid, País Valenciano, Cataluña y País Vasco. El criterio para la selección de estas regiones responde a que estas Comunidades Autónomas concentran más del 81% de las diligencias de investigación emprendidas por la Fiscalía General del Estado desde el año 2011.
Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado. Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos. La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés.
Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de su investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad.
