Compromís insta al Tribunal de Cuentas a abrir una investigación de oficio sobre la financiación ilegal de campañas electorales
El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha remitido un escrito a la Subdirección Técnica de Fiscalización de la Contabilidad de los partidos políticos del Tribunal de Cuentas, para solicitar a dicha institución que abra una investigación de oficio sobre la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de 2007 y generales de 2008 del PPCV.
Según Morera, “hay motivos suficientes para abrir una investigación de oficio por parte del Tribunal de Cuentas. De acuerdo con el artículo 134.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, le corresponde al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales y puede proponer la no adjudicación o reducción de la subvención estatal al partido, federación, coalición o agrupación de que se trate”.
Asimismo, el portavoz de la coalición valencianista, progresista y ecologista también ha preguntado al Tribunal de Cuentas que, una vez finalizado el proceso judicial en el que se demuestre que dicha financiación ha sido irregular, si se van a emprender las acciones oportunas “para resarcir al erario público de las subvenciones concedidas al PPCV con motivo de las elecciones municipales de 2007 y generales de 2008”.
En su escrito, Morera ha argumentado que hay indicios razonables “para considerar que el presunto caso de financiación ilegal de las campañas electorales municipales 2007 y generales 2008 han incurrido en falsedad de la información contable enviada por este partido al Tribunal de Cuentas y por tanto un grave quebranto a las arcas públicas en forma de subvención electoral a la citada formación de dudosa legalidad”.
Por ese motivo, el síndic de Compromís ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra un informe interno para delimitar si las subvenciones electorales otorgadas al PPCV “se ajustaron a derecho y, en caso de contemplar la irregularidad de la información presentada y el exceso de los gastos electorales, se restituyan al erario público y se adopten las medidas legales y sancionadoras contempladas”.
