Compromís exige al Gobierno central que reconozca urgentemente todos los derechos sociales incluidos en la Carta Social Europea
La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Asuntos Europeos en las Corts Valencianes, Nathalie Torres, ha presentado una propuesta para que el parlamento valenciano solicite al Consell que pida al Gobierno central la finalización del procedimiento de ratificación de la versión revisada de la Carta Social Europea (CSE) de 1996. “El Estado tiene que reconocer de manera urgente la totalidad de los derechos que incluye la CSE, e incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los mecanismos de defensa que ofrece, de forma que se convierta en la piedra angular de los derechos sociales”, ha afirmado la diputada.
“El objetivo es incrementar el catálogo de derechos sociales y económicos de las personas y ampliar los reconocidos por la Constitución española en el capítulo III del título I, relacionados con los principios rectores de la política social y económica. Además, hace falta que el Estado español ratifique también la adhesión al Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, a fin de facilitar unas garantías mayores de protección de los derechos sociales que contiene la CSE”, ha explicado.
La CSE es un tratado impulsado por el Consejo de Europa en 1961, y actualmente está considerado como el instrumento más avanzado de reconocimiento de derechos sociales y económicos en nuestro continente. Ratificada por el Estado español en 1980, la CSE ha sido modificada en varias ocasiones pero, según Torres, “hay que destacar la revisión de 1996 porque amplía considerablemente el catálogo inicial de derechos: se incorpora el derecho a la vivienda, la conciliación de la vida familiar y laboral, y la protección contra el despido, la pobreza y la exclusión social. Esta revisión fue firmada por España en 2000 pero han pasado 19 años y ningún gobierno del Estado ha procedido a su ratificación”.
Por otro lado, “en la modificación del 1995 se añadió el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, un sistema de control del cumplimiento de los derechos sociales mediante procedimientos vinculantes que pueden ser iniciados por la ciudadanía, pero también por ONG, patronales o sindicatos de trabajadores. Es, sin lugar a dudas, un sistema que comporta un avance en cuanto a la defensa de las garantías de los derechos porque agiliza los procesos y da una respuesta mucho más rápida a la vía convencional de los juzgados”, ha añadido la diputada de Compromís.
“Por todo esto, la ratificación de la revisión de la Carta Social Europea es urgente y más cuando importantes entidades del Estado exhortan el Gobierno español, desde hace años, a dicha ratificación para garantizar los derechos sociales a las personas en situaciones desventajosas, así como erradicar la pobreza y la exclusión. Y estas mismas entidades añaden que la ratificación de la CSE caería en papel mojado si no se incorpora el Protocolo de Reclamaciones Colectivas al restar visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos que se consagran en ella”, ha concluido la portavoz de Compromís en la Comisión de Asuntos Europeos.