Cocemfe CV denuncia la inoperancia de la Ley de Accesibilidad al Transporte de 2009
La entidad destaca el incumplimiento legal al retrasar en más de 8 meses el desarrollo reglamentario de la ley
La entidad de utilidad pública quiere dejar constancia de su “malestar” ante la “desidia”, que hasta ahora ha demostrado el anterior equipo de la Conselleria en este tema de gran importancia para las personas con discapacidad. La entidad señala que el desarrollo reglamentario de la ley acumula ya un retraso de más de 8 meses, lo que supone un claro incumplimiento legal.
Según la organización, “este reglamento permitiría aclarar cuestiones tan relevantes para el colectivo de personas con discapacidad como las relativas a los servicios de taxi, con carencias en su uso y disponibilidad horaria de los taxis adaptados, o el transporte de viajeros de carácter interurbano, con graves deficiencias en accesibilidad”.
Carlos Laguna, presidente de la entidad, ha querido justificar el malestar del colectivo: “Desde los primeros borradores de esta ley entendimos que era mejor haber desarrollado la anterior Ley 1/1998, que ya hacía referencia al transporte, porque se habrían establecido plazos y parámetros técnicos en los diferentes medios de transporte. El tiempo ha constatado que tenemos otra ley muy bonita sobre el papel, pero que no ha solucionado ninguno de los problemas existentes en cuanto a los taxis, autobuses interurbanos, etc. En definitiva ha sido y es, si no se desarrolla, una ley florero e inoperante”.
Cocemfe CV ha instado tanto al nuevo director general de transporte, Carlos Javier Eleno, como a la consellera Isabel Bonig para que, sin dilaciones, desarrollen esta Ley y convoquen al Consejo de Transporte Adaptado. Cocemfe CV se dirigió ya a la Conselleria en 2010 para exigir la puesta en marcha de este órgano como instrumento para el desarrollo de la Ley de Transporte de 2009 y espera que el nuevo equipo de Bonig tome medidas al respecto.
Funciones del consejo
El Consejo de Transporte Adaptado es un órgano que tiene como misión velar por que los principios que inspiran esta ley se materialicen de manera efectiva para conseguir un transporte accesible para todos los ciudadanos. Por ello su constitución supone un paso más en el avance de la autonomía personal e independencia del colectivo, ya que permitirá canalizar ideas, propuestas y mejoras.
Una de sus funciones es debatir sobre aquellos asuntos relacionados con la ley y se prevé su reunión cada seis meses. La ley dispone la participación en él de diversos colectivos como los de personas mayores, personas con discapacidad, asociaciones de consumidores, de empresarios y los sindicatos. La legislación también establece la elaboración de un informe público que recoja los dictámenes, recomendaciones y resoluciones producidas durante el año.
